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Una jornada abordó ayer este problema desde la perspectiva social, económica y política

La corrupción disminuirá en España si aumentan la transparencia de las administraciones públicas, los controles internos y externos en las empresas y se incrementa la exigencia ética de la sociedad. Y si, al mismo tiempo, disminuye la regulación administrativa discrecional, desciende el capitalismo concesional y el fraude fiscal. Esa es la ecuación de seis variables de lucha contra la corrupción que trazó ayer el presidente del Círculo de Economía de Barcelona, Antón Costas, en la clausura de la jornada «Terapia contra la corrupción», que se celebró en la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El debate se desarrolló a lo largo de tres mesas que versaron sobre valores en la sociedad civil; la ética en los negocios y la honestidad en la política.

Entre los ponentes estuvieron la profesora de Filosofía del Derecho de la UPO Isabel Lucena y la investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona Elena Costas; el empresario Ignacio Osborne; la cooperativista Lola Sanjuán; la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia Adela Cortina y el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Juan Torres.

La picaresca en España

En esta jornada —organizada por dos asociaciones andaluzas y dos catalanas (el Centro de Debate y Desarrollo, Fundación Astigi de Andalucía y Grup Set y Círculo de Economía de Barcelona por Cataluña)—, Costas abordó la definición, los efectos, las causas y la terapia contra esta lacra social.

En el transcurso de los debates se puso de manifiesto la alta valoración que se tiene de la picaresca en España así como la dimensión de los escándalos que hoy se tratan en los juzgados o en la prensa y, muy especialmente, los casos de corrupción de los años 90 o la primera década del siglo XXI relacionados con regulación urbanística y recalificaciones, contratos públicos y concesiones de monopolios privados. En todos ellos, según los ponentes, pudo haber financiación de los partidos políticos. A este respecto, Adela Cortina señaló que no hay diferencia moral alguna entre quienes se lucran de la política y quienes recaudan para su partido «porque los fondos defraudados en ambos casos no llegan al público, que era su destinatario».

Sobre los efectos contables de la corrupción, se estimó que puede significar entre un 0,5 a un 1% del PIB. Costas subrayó que una de las consecuencias ha sido la indiferencia ante los tremendos costes sociales que han causado políticas aparentemente racionales, como las políticas de austeridad. Asimismo, y sobre las causas, destacó una valoración de la riqueza exagerada que resultó ser la espuma de la euforia de los años 90 y 2000. Y al referirse a las terapias lo hizo con un símil: «Si hay un cáncer, hay que ir al sistema sanitario para extirparlo; en el caso de la corrupción es el sistema judicial o policial», concluyó.