Por cada 2.500 ciudadanos hay una unidad pública

Ningún partido político ha hecho mención expresa en su programa electoral del26-J a la necesidad de una eficiente reestructuración y al adelgazamiento de las administraciones públicas cuyo coste en 2015 se situó en 118.699 millones, similar al de 2008 y equivalente a la recaudación del IRPF, del Impuesto de Sociedades y parte de los Impuestos Especiales.

Algunos, como Podemos o el PSOE, proponen claramente ampliar las plantillas, proceso en que ha entrado el PP en este nuevo período electoral aumentando la convocatoria de plazas. Sólo Ciudadanos mantiene la supresión de las diputaciones por su coste y también por haberse convertido “en un nido de corrupción”. Incluso, los programas se han olvidado de cómo flexibilizar la excesiva burocracia o de reducir la hiperinflación de casi 19.000 organismos existentes sin que, en muchos casos, se sepa para qué sirven, qué fin cumplen y por qué se crearon.

Se trata de un puzle sobre el que el PP ha intentado poner orden, acuciado por la necesidad de reducir el gasto. Pero, los resultados son parcos. Como ha sucedido con el empleo público (más de tres millones de personas), sólo ha conseguido situar su número actual en cifras similares a las que había en 2007 tras el boom de creación estos organismos que se produjo en los primeros años de la crisis cuando los partidos, auténticas agencias de colocación, dieron cobijo laboral a sus compromisos políticos y amistades. Este proceso no ha producido convulsión alguna. Se ha realizado mediante fusiones de organismos y sociedades sin un sólo ERE conocido ni despido.

El resultado es que hay demasiadas administraciones para un Estado de corte liberal no intervencionista que tiene un excesivo déficit y una deuda insostenible del 100% del PIB. Cuando empezó la crisis había 19.065 unidades administrativas en las tres administraciones. La Administración central tenía 485 organismos; la autonómica alcanzaba los 2.200, aunque anotaba 1.737 ya que muchos de ellos no estaban entonces supervisados por la Intervención General del Estado (IGE); y los ayuntamientos sumaban 16.380. Estas cifras se incrementaron al inicio de la crisis. En 2010 llegó a casi 19.400.

Aunque los números finales no coinciden exactamente porque se han ido modificando hacia atrás cuando se iba descubriendo su existencia, que según los datos del inventario de la IGE la cifra total en enero de 2016 de esta ingente masa administrativa es de 18.850. Lo que significa que hay una unidad administrativa por cada 2.500 ciudadanos. De esta cifra, 1.201 son organismos que están aún pendientes de clasificación definitiva (344 de las CCAA, 845 de las ayuntamientos y 12 del Estado) porque no se sabe a qué concepto administrativo pertenecen. Por tanto, sólo se han suprimido o fusionado unos 200 entes en términos netos desde 2007. Mientras, en este mismo período desapareció el 10% de las empresas del país, unas 300.000 (500.000 en el momento más álgido de la crisis), y 2,2 millones de puestos en el sector privado. La Administración central acumula ahora 412 unidades; las CCAA, 1.989 y los municipios suman 16.449.

Entes locales

Las unidades administrativas que más abundan son las relacionadas con los ayuntamientos, un sistema que tiene más de dos siglos de antigüedad y que los partidos se niegan a reformar. Hay 8.123 corporaciones locales. Su número ha seguido aumentando durante la crisis. España es el único país del mundo en que ha crecido su número permanentemente. En el ámbito municipal coexisten además: 3.706 entidades de ámbito inferior al municipio; 961 mancomunidades; 77 agrupaciones; tres áreas metropolitanas; 82 comarcas; y, por ejemplo, 52 diputaciones provinciales, consejos y cabildos. Por si fuera poco, las corporaciones han ido tejiendo otro aparato administrativo para centrifugar en los años de la crisis parte del déficit y de su deuda, ya que se computa aparte de las cuentas generales. En concreto, disponen de 1.560 sociedades mercantiles y otras 55 catalogadas como empresas públicas empresariales. Y también tienen 314 fundaciones; 1.042 organismos autónomos administrativos y comerciales; 314 fundaciones; 56 instituciones sin ánimo de lucro y 82 consorcios.

Empresas públicas

En su conjunto, incluyendo las 1.560 de los municipios, España tiene 2.210 sociedades mercantiles y 111 empresas públicas empresariales. En total, hay 2.321 (161 del Estado, 545 de las CCAA y 1.615 de los municipios). Las sociedades mercantiles se rigen por el ordenamiento privado o público y su actividad se orienta a la producción de bienes o prestación de servicios. Por su parte, las entidades empresariales se dedican a la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o producción de bienes públicos. Sin embargo, en muchos casos compiten con el sector privado o no se entiende su función. Por ejemplo, entre éstas figuran en las CCAA y en los municipios: la Agencia Pública de Radio y TV de Andalucía; Aparcamientos Municipales del Lleida; Acueducto, Alcantarillado y Aseo Dominicana S.A., y de Venezuela y Ecuador, de la Comunidad de Madrid; Aeronáutica del Guadarrama, también de Madrid; Cementerios de Barcelona; Xerez 21 Speed Festival; Centro Navarro de Aprendizaje de Idiomas; Centro de Alto Rendimiento de Murcia; Viviendas de Córdoba; Ciudad de la Luz de la Comunidad Valenciana; estación de esquí El Formigal (Aragón); Circuito de Motocross de Cataluña; Centro Superior de Idiomas de Alicante; Agencia Andaluza de Promoción Exterior; Almería Alta Velocidad; o Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Por si fuera poco, se suman los fallidos aeropuertos de Ciudad Real y de Castellón. En el ámbito estatal, además de los aparcamientos de la Zona Franca, figuran: Cesce Servicios de Chile; Alimentos y Aceites;Puerto Seco de Madrid; y, por ejemplo, las participadas de Renfe, Navantia e incluso Efe. La IGE no facilita datos de la composición de sus consejos de administración ni de sus cuadros directivos.

Fundaciones

Son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que dedican su patrimonio público a fines de interés general. Hay 876 (40 del Estado, 522 de las CCAA y 314 de los ayuntamientos). En las autonomías ha crecido su número, ya que en 2014 había 490. Entre ellas figuran: la Academia Europea de Yuste; Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha; la Fundación Don Juan de Borbón en Castilla y León; Creación de las Artes en Alcorcón; Barcelona Mobile World Capital; la residencia de ancianos Asilo Hospitalillo de Galicia; Canaria de Puertos; Ferrocarriles; Teatro Real; Aena, o la del Centro de Estudios Monetarios y Financieros. También aparecen fundaciones en auditorios o centros etnográficos.

Consorcios

Se trata de entidades cuya finalidad es “la realización o prestación de servicios de forma asociativa sobre asuntos de interés común”, señala su denominación oficial. Hay nada menos que 935 consorcios (497 son de las CCAA; 416 de los ayuntamientos; y 22 de la Administración central). Crecen sobre todo en los municipios y Estado. En 2014 había 863, es decir hay ahora 72 más. Los hay de todo tipo y para cualquier función: audiovisuales; abastecimientos; desarrollo tecnológico;calidad universitaria; normalización lingüística; aeródromos; salvamento e incendios; y hasta para la celebración de años jubilares. El Estado incluye Casa Asia, el Centro Sefarad-Israel o la Ciudad de Santiago o de Toledo.

Agencias

Son entes creados para el cumplimiento de programas plurianuales con un presupuesto flexible. Hay 23 (13 de las CCAA y 10 del Estado). Entre ellas, figuran la Agencia Tributaria de Galicia (en otras aparece este organismo bajo otra denominación administrativa); el Servicio de Empleo Andaluz; la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la Agencia Española de Medicamentos; la del BOE; o la de Meteorología.

Organismos autónomos

Disponen de patrimonio y tesorería propios para la realización de “determinadas actividades, normalmente de fomento, prestaciones o de gestión de servicios públicos”. Sigue creciendo su número. Hay 1.250. Abundan en los ayuntamientos (1.040). Las CCAA tienen 149 y 59 el Estado. La mayor parte son administrativos. También hay comerciales. Aquí se encuentran el Instituto Aragonés de la Mujer; la Orquesta Sinfónica de Asturias; la Agencia Tributaria de Murcia; el Patronato de Tauromaquia de Badajoz; las confederaciones hidrográficas; Biblioteca Nacional; Instituto de Prestación Médica al personal municipal de Cataluña; Academia Galega de Seguridad Pública; Centro de Estudios de Opinión de Cataluña; Consejo de la Juventud de Extremadura; Auditorio de Galicia; Agencia de la Vivienda Social de Madrid; o la Fundación de Desarrollo de la Artesanía canaria. También hay residencias de ancianos, museos, auditorios y centros culturales.

Órganos diferenciados

Las seis instituciones del Estado aparecen bajo esta denominación porque tienen una dotación diferenciada en los Presupuestos Generales. Aquí se encuentra la Casa Real, que en contabilidad nacional consta como unidad no residente-resto del mundo; las Cortes; el CGPJ; tribunales de Cuentas y Constitucional; y el Consejo de Estado.

Entes públicos

Todas las entidades que no se pueden catalogar en las anteriores tienen esta denominación. Hay 161 y todos ellos corresponden a las CCAA. Aquí constan, por ejemplo, la Academia de la Lengua de la Comunidad Valenciana; Agencia para la Tutela de Adultos en Madrid; Agencia de Migraciones de Cataluña; Ente Vasto de la Energía; Televisión Murciana; o el Servicio Tributario de Asturias. A esta cifra hay que sumar las cinco gestoras de servicios comunes de la Seguridad Social (entre ellos el Imserso) y las 24 mutuas colaboradoras, así como los 25 fondos sin personalidad jurídica del Estado (ICO o Fondo de Aseguramiento Colectivo de Cooperantes o de Garantía de Alimentos). Además, hay 91 instituciones sin ánimo de lucro (35 de las CCAA y 56 de los ayuntamientos como: el Club Deportivo Universidad de Salamanca; Conferencia de Rectores de Universidad; Feria de Zaragoza; Asociación de Coleccionistas de Arte Siglo XX de la Comunidad Valenciana; Sierra Nevada Sports Club; o la Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos. En esta amalgama constan también 60 entidades de derecho público del Estado, por ejemplo, las autoridades portuarias, Agencia Tributaria; CNMV; Banco de España o el Frob. Y hay que añadir las 48 universidades adscritas a las CCAA.

EL MUNDO