Es preciso que los ingresos y gastos crezcan a la misma tasa para evitar un déficit estructural

La desviación persistente del déficit de la Seguridad Social y el recurso continuado al Fondo de Reserva, que ha disminuido un 62% desde los 66,8 mil millones que alcanzó en 2011, ha generado de nuevo un intenso debate sobre la viabilidad del sistema de pensiones.

Para despejar desde un principio cualquier duda, nuestro sistema de pensiones es viable pero requiere seguir realizando cambios importantes. Primero, se necesita que prosiga la recuperación para reducir el déficit. Con una tasa de paro del 20%, los ingresos de sistema están muy por debajo de los generados en una situación cíclica normal. Segundo, hay que eliminar el déficit estructural existente, que no va a desaparecer con una recuperación sin reformas adicionales. Con las cautelas por la incertidumbre en su cálculo, un déficit estructural de 11.000 millones en 2015 resulta una estimación razonable. Tercero, es necesario asegurar que a largo plazo ingresos y gastos crecen a la misma tasa, para que no vuelva a aparecer un déficit estructural. Este es sin duda el principal reto. Las previsiones disponibles apuntan a que el número de pensiones aumentará desde 9,4 millones en 2015 a 15 en 2050, con tasas de crecimiento anuales que irán aumentando del 1,2% actual al 1,8% en 2035, para crecer por debajo del 1% a partir de 2045. Además, las nuevas pensiones suelen ser más elevadas que las que salen del sistema. En los últimos años, este efecto sustitución ha aumentado el gasto alrededor del 1,6%, casi el doble que el crecimiento medio de la productividad de las dos últimas décadas (0,85). Si suponemos que este efecto se irá reduciendo paulatinamente al 0,8%, el crecimiento anual del gasto en términos reales se situará por encima del 2,5% hasta 2040.

En la medida que los ingresos del sistema de pensiones crecen a largo plazo al mismo ritmo que el PIB, sería necesario que su crecimiento real se situara por encima del 2,5% para financiar el aumento del gasto en las próximas décadas. Obviamente la mejor solución pasa por reformas estructurales que aumenten el empleo y la productividad. Pero, ¿qué ocurriría si el crecimiento del PIB no llegase al 2,5%? En este caso, las opciones son básicamente dos: aumentar el crecimiento de los ingresos por encima del PIB hasta igualar el del gasto o reducir el crecimiento del gasto al del PIB. Cualquiera de ellas encaja perfectamente en el Índice de Revalorización de las Pensiones aprobado en 2013.

Optar por reducir el crecimiento del gasto en pensiones no impediría mejoras de la pensión mínima ni del poder adquisitivo de la pensión media. Pero al hacerlo a una tasa menor que el salario medio para evitar un déficit creciente, la generosidad del sistema, medida por la pensión media sobre salario medio (o rasa de beneficio=, iría disminuyendo progresivamente. De acuerdo con The 2015 Ageing Report de la Comisión Europea, la tasa de beneficio de España (65,4%) en 2013 era la segunda más alta de toda la UE y 23 puntos superior a la media de las ocho economías más avanzadas (42,4%). El problema es que mantener la tasa de beneficio es aún más exigente que garantizar la sostenibilidad. Salvo que el crecimiento de los cotizantes fuera el mismo que el del número de pensiones, hasta alcanzar la cifra poco probable de 27 millones de afiliados en 2050, solo cabe reducir la tasa de beneficio o aumentar impuestos.

Cerrar la brecha entre ingresos y gasto en pensiones mediante impuestos, al tiempo que se mantiene la tasa de beneficio, sería sumamente exigente para los contribuyentes, al tener que ir aumentando continuamente los tipos impositivos de los impuestos destinados a financiar pensiones. Además de los efectos distorsionadores sobre el crecimiento y el empleo, esta alternativa requería transferir cada vez más renta de la población activa a los pensionistas, aumentando la carga sobre las generaciones futuras y reduciendo la contribuitividad.

El gran dilema

En definitiva, el dilema es evidente: mantener la generosidad actual del sistema a cambio de una presión giscal creciente sobre las generaciones futuras o converger gradualmente a una generosidad más sostenible, como la de los países europeos más avanzados que nos han precedido en el envejecimiento de la población, evitando así aumentar el desequilibrio intergeneracional y aprendiendo de su modernización del Estado de bienestar. Todo ello nos debería llevar a converger cuanto antes a un sistema de reparto que funcione con la transparencia e incentivos de las cuentas nocionales (individuales).

Adicionalmente, cuanto más se avande en reformas que impulsen el empleo y la productividad más manejable será este dilema. La sociedad española debe ser consciente del reto que supone asegurar pensiones suficientes y su sostenibilidad, así como de las implicaciones que tiene optar por unas soluciones frente a otras cuando no hay menús gratis.

Rafael Doménech

EXPANSIÓN