Editorial

EXPANSIÓN
Desde que anunció en la primavera de 2013 que iba a realizar una reforma fiscal, el Gobierno reiteró que quería que fuera una revisión profunda y global de todo el sistema tributario, propósito en el que destacaba también la reforma de la fiscalidad autonómica para reducir las asimetrías tributarias actuales, muy acusadas sobre todo en Patrimonio y en Sucesiones y Donaciones. A estas divergencias entre lo que se paga en una región y otra, muy sensibles entre Cataluña y Andalucía, las que más gravan, y Madrid, la que menos, se suma la maraña de los impuestos propios que crean las autonomías, que supone una barrera de entrada para las empresas, ya que los mismos hechos imponibles –la mayoría, cánones medioambientales– se gravan de forma compleja y confusa y, sobre todo, diferente en cada territorio. Sin embargo, este galimatías de tributos propios sólo les reporta a las comunidades el 2,4% de sus ingresos tributarios. Y, en ocasiones, se da la paradoja de que le supone a la autonomía un gasto administrativo mayor lanzar el impuesto que lo que éste finalmente recauda. El Ejecutivo pretendía armonizar este caos tributario, lo que además le recomendaban los expertos y la propia comisión que designó Hacienda para que le asesorara en la reforma. Sin embargo, el Ejecutivo ha aparcado la reforma de la fiscalidad autonómica, lo que también afecta a la de la financiación, de la que había anunciado que era la antesala. No es el momento, no hay dinero, esgrimía. Ahora, pese a la premura del calendario de la legislatura que ya concluye, ha manifestado su intención de reactivar la reforma de la financiación autonómica. De ser así, sería una buena oportunidad para acabar con el rompecabezas tributario autonómico. En 2015, año de la entrada en vigor de la reforma fiscal, la brecha fiscal entre comunidades y, sobre todo, el caos tributario autonómico, se acrecientan, como muestra el mapa de la fiscalidad autonómica que ofrece hoy este diario. Pero despejar la maraña fiscal y armonizar tributos en favor de empresas y ciudadanos no significa necesariamente igualar por arriba en detrimento de las comunidades con unos marcos tributarios más favorables para el contribuyente y torpedear así una necesaria competencia fiscal entre comunidades, herramienta que ha colocado a Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha o Baleares a la cabeza de las regiones con más atractivo para la actividad productiva, para la captación de inversiones y para incentivar a los emprendedores.
Editorial
EXPANSIÓN
]]>