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La Consejería de Fomento adeuda 25 millones a 45 firmas de conservación de vías

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) presentó ayer en el Registro de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía un conjunto de reclamaciones administrativas, firmadas por las empresas responsables de los contratos de conservación de la red viaria andaluza, con las que la Administración andaluza mantiene una deuda de la que no concreta un horizonte de pago.

Según informó ayer Ceacop, la presentación de la reclamación administrativa constituye el paso previo para que las empresas puedan iniciar el procedimiento judicial por la vía correspondiente contra la Junta.

Asegura la organización empresarial que desde el mes de agosto de 2014, la Junta de Andalucía no está abonando a las constructoras las certificaciones correspondientes a la conservación de carreteras. Estos impagos suponen una deuda de 25 millones de euros, «que está causando un gran perjuicio para la supervivencia de las 45 empresas afectadas, así como para los 600 trabajadores directos que dependen de estos contratos, y que, en algunos casos, han visto congeladas sus nóminas», resaltó Ceacop en un comunicado.

A estas alturas del año las empresas se pueden encontrar con que si la Junta no abonara las certificaciones de abril, ya serían 9 los meses que se acumularían a la deuda que vienen soportando.

Conscuencias

La morosidad está poniendo en peligro las nóminas de 600 trabajadores, según Ceacop

La patronal andaluza ya denunció esta situación en diciembre del año pasado. Entonces, se encontraban impagadas las certificaciones de los meses de junio a noviembre. Después de la denuncia pública de Ceacop, la Consejería de Fomento abonó los meses de junio y julio, dejando pendiente el resto.

Ocho meses sin pagar

«Desde entonces –subraya– la situación se ha enquistado por parte de la Junta y no se ha producido ningún avance en los calendarios de pago, por lo que se han acumulado 8 meses de deuda».

Pese a todo, Ceacop insiste en que la seguridad vial está garantizada, ya que son l as empresas l as que están aportando los medios y asumiendo el coste de estos servicios, «aunque algunas de ellas están al borde de la quiebra». Desde Ceacop se han puesto en marcha diferentes acciones para alcanzar una solución a esta problemá-tica. Con l a Administración se han mantenido varias reuniones, una de ellas con la anterior consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, junto con su viceconsejero y la directora general de Infraestructuras. «En ninguna de las reuniones se ofreció una solución efectiva», lamenta la organización empresarial.

Por otra parte la patronal ha trasladado este caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para que evalúe en qué grado estos impagos son constitutivos de delito y quién es el responsable de los mismos.

Al TSJA

Efectivamente, a principios de febrero del presente año el presidente de Ceacop, Francisco Fernández Olmo, y la secretaria general de la entidad, Ana Chocano, anunciaron en un encuentro informativo la decisión de trasladar esta problemática al TSJA.

El Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas son también otras instituciones a las que está recurriendo Ceacop para que la Junta atienda sus reclamaciones y proceda a cumplir con sus obligaciones de pago a las empresas de conservación de carreteras.

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