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Andalucía vuelve a registrar la tasa de litigiosidad más alta de España

El año 2014 ha sido, otra vez, “un año perdido” para la justicia. Así de crítico se ha mostrado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien ha lamentado tener que repetir cada año, en el balance de actuaciones, la “deficiencias ya clásicas” en materia judicial sin que haya avances significativos. “La justicia es la eterna asignatura pendiente de ser tratada como una cuestión de Estado”.

En la presentación de la memoria anual del TSJA, Del Río ha informado del ligero aumento de la litigiosidad en la comunidad, un 1%, después de cuatro años de descenso. Los motivos fundamentales de este incremento están en la jurisdicción contencioso-administrativa, por la conflictividad derivada en las modificaciones retributivas y jornada de trabajo, y en lo mercantil por temas relacionados con condiciones generales de contratación y anulación de cláusulas suelo. Si no se adoptan medidas se puede “colapsar” esta jurisdicción, actualmente “desbordada”, advierte.

Andalucía, por tanto, vuelve a tener un año más la tasa de litigiosidad más alta de España. Ingresó 1.870.148 asuntos en 2014, unas cifras demasiado elevadas, como es habitual desde 2007, y que impiden con los recursos actuales y el déficit organizativo dar una “respuesta de calidad y en tiempo razonable”, insistió Del Río. La tasa en España está en 185 asuntos por cada 1.000 habitantes, mientras que en Andalucía se sitúa en 218,2, por encima de Madrid (203,8) y las Islas Baleares (198,5).

La radiografía presentada se asemeja, “desgraciadamente”, ha dicho, a la de años atrás: la misma estructura organizativa que hace 180 años, sin implantar la Oficina Judicial, sigue paralizada la modificación de plantillas y reordenación de efectivos personales, sin mejoras tampoco en las medidas de apoyo judicial y refuerzo en órganos sobrecargados.

Asimismo, tampoco la justicia tiene mínima capacidad de gestión, no se racionaliza el ámbito de la justicia penal (la mediación penal no avanza), sigue pendiente la administración de justicia digital, no se “desjudicializan” funciones y hay pocos cambios en las infraestructuras judiciales. El reto, subraya, no es solo estadístico, “es ganarse el aprecio y la confianza” de los ciudadanos para poder ofrecer una justicia de calidad.

Entre los datos, es positivo el trabajo de los profesionales que han resuelto más asuntos de los que se han ingresado, es decir, hay un “buen nivel de productividad”. El problema reside en los que hay pendientes, es decir, en la tasa de congestión que con los medios y organización actuales es difícil reducir. Los jueces de refuerzo no han dado los frutos deseados por no estar acompañada esa medida de asignación de funcionarios, ha dicho.

Ha pedido la colaboración de todos los implicados, administraciones, agentes sociales y profesionales, al tiempo que consideró, en un año con varias citas electorales, que la justicia debería estar “fuera de ese debate” y lamentó que las reformas que hay pendientes sean un “proyecto inacabado”.

El “uso partidista o electoral” que puede hacerse en algunos casos de las actuaciones judiciales “escapa a la voluntad” de los jueces, a quienes “no les gustaría sentirse protagonistas de ningún tipo”, ha dicho tras ser preguntado por las declaraciones que lanzan responsables de partidos políticos a raíz de la imputación de sus miembros. “Los jueces no hacen las listas electorales” y solo “asumen el papel institucional que les corresponde”, ha detallado.

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