JOAQUÍN ESTEFANÍA

En el artículo 135 de la Constitución hay una frase (tanto en su versión antigua como en la reformada) tanto o más polémica que aquellas que se refieren al monto máximo del déficit público o a la prioridad absoluta del pago de la deuda pública frente a cualquier otra obligación. Es aquella que dice que los créditos para satisfacer la deuda pública “no podrán ser objeto de enmienda o modificación”. Ello significa que, constitucionalmente, no se podría hacer una reestructuración ordenada de dicha deuda.

Otro elemento para el debate porque esa reestructuración, referida a los países europeos más asfixiados por la deuda pública y privada, ha dejado de ser tabú en seminarios, investigaciones de economistas e historiadores, e incluso en los programas de partidos con representación parlamentaria. Hasta ayer mismo bastantes expertos la tenían presente en privado como una posibilidad, como un último recurso, pero era políticamente incorrecto y de mal gusto mencionarla en público. Como si pudiese convertirse en una profecía autocumplida. Con el concepto de reestructuración de la deuda se entiende la reducción de los tipos de interés que se pagan por ella, la ampliación de los plazos para pagarla, una quita en el monto total, o una mezcla de las tres modalidades.

Hace unos días, el columnista del Financial Times y de Der Spiegel, Wolfgang Münchau, decía en uno de sus artículos: “No tiene lógica que la moneda única entre en un estancamiento secular y no se reestructure la deuda. Como no se está haciendo nada para evitar lo primero, existe una probabilidad cercana al 100% de que suceda lo segundo”. Casi al tiempo, otro de los escritores de referencia del Financial Times, Martín Wolf, subrayaba: “Al decidir que la crisis es fundamentalmente fiscal los políticos podían ignorar el hecho de que las consecuencias de los problemas eran los préstamos irresponsables intereuropeos (de bancos de un país a bancos de otro país) y que, por tanto, los que concedían los créditos eran tan responsables como sus clientes. Si se hubiera aceptado la responsabilidad de ambos lados (acreedores y deudores) los argumentos morales a favor de las quitas hubieran sido más evidentes”. 52% y del 36% respectivamente); y dos, los casos más recientes de reestructuraciones dicen que en determinadas circunstancias y condiciones, la misma puede ser clave para retomar la senda del crecimiento.

Lo que el Estado y los ciudadanos españoles hemos tomado prestado supera ampliamente en estos momentos los tres billones de euros, que se descomponen en casi un 100% del PIB de deuda pública y más del 200% de deuda privada. ¿Puede pagarse sin sacrificar a las próximas generaciones? Responder a esta pregunta es otro telón que cae. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ya ha tomado posición: la deuda pública española es perfectamente amortizable y, en consecuencia, no hay razón alguna para que sea reestructurada. Los contrarios a la reestructuración arguyen que expulsaría a España de los mercados financieros y obligaría a pagar las obligaciones presupuestarias a tipos de interés mucho más elevados. Además, plantean una cuestión a que es preciso responder: al día siguiente de la reestructuración ¿no habría que volver a endeudarse para seguir pedaleando?

En un territorio más heterodoxollega por fin a España el magnus opus del economista poskeynesiano Steve Keen (Desenmascarando a la economía. La emperatriz desnuda de las ciencias sociales, Capitán Swing editor, que será publicado en castellano en unos meses). Keen, premio Revere de Teoría Económica por haber sido capaz de predecir con gran capacidad analítica la Gran Recesión, piensa que habrá que hacer lo mismo que los antiguos practicaban coincidiendo con el año del «Jubileo»: se liberaba a los esclavos, se perdonaban las deudas y se mostraba misericordia con los débiles.

JOAQUÍN ESTEFANÍA
EL PAÍS