La Generalitat demanda al Ejecutivo por “vulneración de derechos fundamentales”

El Gobierno catalán decidió ayer seguir adelante con la consulta alternativa sobre la independencia pese a la nueva suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. La Generalitat considera que la providencia del alto tribunal tiene suficientes lagunas para poder llevar adelante la votación y, en cualquier caso, confía en que el Gobierno acabará por tolerar una jornada que, entiende, será básicamente reivindicativa. “Mantenemos el proceso participativo y lo hacemos con todas las consecuencias”, resumió el consejero catalán de Presidencia, Francesc Homs, quien además anunció una demanda —que se presentó ayer mismo— contra el Gobierno central por “vulneración de derechos fundamentales”.

La decisión del Tribunal Constitucional de aceptar el recurso del Gobierno y, por tanto, suspender automáticamente la consulta alternativa pilló al Gobierno de Artur Mas en medio de su reunión semanal de los martes. Homs fue el encargado de fijar posición pública. Su mensaje fue doble: a los partidos independentistas, favorables a desacatar cualquier orden del Gobierno central o del Constitucional, les aseguró que la consulta sigue adelante. El mensaje para el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue que la Generalitat no cree que esté desobedeciendo al Constitucional manteniendo los preparativos de la consulta.

El también portavoz de la Generalitat insistió en que “todo está listo” para el 9-N y en que el Gobierno catalán “mantiene el proceso participativo como forma para garantizar la libertad de expresión”. Con ese argumento, la Generalitat intentará buscar amparo jurídico en el Tribunal Supremo: la demanda que ayer presentó contra el Gobierno central denuncia “vulneración de derechos fundamentales” y un atentado “contra el derecho a la participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica”. Con ello la Generalitat también espera atraer a más personas a las urnas.

La Asamblea Nacional Catalana, principal entidad independentista, vio la suspensión de la consulta como un acicate para el soberanismo: “Han ayudado otra vez a dar un paso más hacia la independencia”, dijo la presidenta de la ANC, Carme Forcadell.

A partir de hoy el Gobierno catalán presentará alegaciones contra la decisión del Tribunal Constitucional: “Queremos hacer entender que lo que el Gobierno quiere prohibir ya no lo estamos haciendo”, afirmó Homs. La Generalitat sostiene que la consulta alternativa del 9 de noviembre ideada por Mas es un proceso diferente de la consulta que ya suspendió el Tribunal Constitucional, pese a que la finalidad es la misma. Para el Gobierno catalán lo que se está haciendo ahora es un proceso participativo, no una consulta. “No se puede prohibir lo que no se hace”, repitió Homs.

La decisión de llevar adelante la votación se sustenta en un argumento aparentemente muy débil pero que la Generalitat considera suficientemente sólido: la providencia del Constitucional se refiere al proceso participativo como si fuera una “consulta”, y la Generalitat asegura que lo que está haciendo no es una consulta sino otra cosa. Fuentes del Gobierno catalán celebraron la forma en la que los magistrados del Constitucional redactaron la providencia, pues entienden que al hablar de “consulta” hace posible celebrar el 9-N sin que haya consecuencias legales (aunque la providencia del tribunal habla indistintamente de “proceso de participación” y de “consulta”).

La Generalitat también vio como una señal que le permite seguir adelante el hecho de que el Constitucional no formulara ninguna advertencia a la Generalitat sobre la obligación de cumplir la suspensión, a pesar de que así lo había solicitado la Abogacía del Estado en su impugnación. Fuentes del Govern consideran que esto facilita que haya urnas.

Pese a confiar en que el simulacro de consulta podrá llevarse a cabo como está previsto, el Gobierno catalán se reserva una última carta. El viernes el presidente Artur Mas reunirá el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, del que forman parte 3.000 entidades además de los partidos soberanistas. Convergència Democràtica no descartó el lunes que se pueda encargar a esta entidad algún tipo de labor concreta en caso de que la Generalitat deba ceder la gestión de la consulta. Ayer Homs aseguró que no es esa la intención del Gobierno. Con todo, sí dijo que esta reunión será importante porque ahora “toca ir a una”.

EL PAÍS