La entidad, que recurrirá la sanción, informó fuera de plazo sobre sus VPO

El Gobierno andaluz ha dado un paso más en su lucha por la función social de la vivienda y ha multado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el banco malo, por no haber informado a tiempo a la Junta del número de viviendas de protección oficial (VPO) que posee en la comunidad. Esta es la primera sanción económica que impone la consejería que dirige Elena Cortés (IU) al amparo de la ley andaluza antidesahucios, suspendida parcialmente en enero por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central. La sociedad bancaria anunció ayer que recurrirá la sanción por vía administrativa al considerarla injustificada.

En un comunicado, Fomento acusa a la sociedad bancaria de “obstruir” las medidas de la Administración para garantizar la función social de la vivienda al haber presentado fuera de plazo el inventario de las VPO que acumula en Andalucía. Tras aprobarse en abril el decreto contra los desahucios (también recurrido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que después se convirtió en ley), las entidades financieras disponían de un mes para presentar esta documentación. Pese a que el plazo fue ampliado, Fomento no conoció el parque de VPO de la Sareb en Andalucía hasta diciembre de 2013, a raíz de un informe de la sociedad bancaria que el Gobierno central incluyó en su recurso ante el Constitucional. En ese análisis, la entidad señalaba que poseía 911 viviendas en la comunidad, volumen que finalmente es de 98. Ante esta información, la Junta abrió en enero el expediente sancionador a la Sareb por no haber informado de los inmuebles que tenía.

La sociedad bancaria anunció ayer que recurrirá la multa por vía administrativa al considerar que “no hay justificación para sancionar ni para imponer una multa en su cuantía máxima”. Como argumentos de su decisión, Fomento señala que se trata de una entidad “con carácter cualificado” y que era consciente del incumplimiento de la normativa. La Sareb defendió ayer la “imposibilidad” de cumplir los plazos marcados por Fomento debido a la carga de trabajo tras iniciar su actividad el año pasado y mantuvo que se informó a la Junta “cuando se tenían datos fiables”. Esa comunicación llegó el pasado mes de junio, y en ella se señalaba que el número de viviendas era “sensiblemente inferior” al señalado en el informe tomado por el Gobierno central, bajaba de 911 a 98 VPO.

Este baile de datos, que la Sareb atribuye a que la cifra inicial era “meramente estimativa”, fue criticado duramente ayer por la consejera de Fomento. “El Gobierno recurrió la ley argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas 10 veces superior al real. Engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la ley”, aseguró Cortés. “Todas las viviendas protegidas deben estar a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales”, agregó. Por su parte, los populares pidieron ayer a la consejera que abandone el “enfrentamiento” y que se siente a negociar con la Sareb.

Pero este no es el único expediente sancionador abierto por Fomento a la Sareb. Según la consejería, la sociedad bancaria se expone a una multa de 11,7 millones de euros si sus 98 viviendas no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, punto que está investigando el Gobierno andaluz y para el que las entidades contaban con tres meses de plazo. La sociedad bancaria rehusó ayer dar información sobre este asunto y se escudó en que desconoce dicho expediente. Asimismo, Fomento señaló que entre febrero y abril ha abierto ocho expedientes a diferentes entidades bancarias por este mismo motivo. En estos casos, la Junta estudia la situación de 185 viviendas. De no estar registrados estos inmuebles, las sanciones ascenderían a 11,1 millones de euros (60.000 por vivienda). La consejería prevé resolver estos expedientes antes de final de año.

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