El juicio de los socialistas sobre la situación del país no puede ser más alarmante: “España sufre la mayor crisis institucional desde la instauración de la democracia”. Y, eso, a pesar de que se cuenta “con la mejor Constitución” de la historia de España. Con este diagnóstico, el PSOE, que ha gobernando 23 de los 37 años de la democracia restaurada, insta al PP, partido hoy en el Ejecutivo, a “abordar una renovación del pacto constitucional” a través de una reforma parcial de la Ley Fundamental. Esta es la resolución esencial que salió ayer de la primera reunión del Consejo Federal del PSOE —emanado del congreso socialista de julio que eligió líder a Pedro Sánchez— reunido en Zaragoza, que reaviva el texto aprobado en Granada en julio de 2013.

No se encontrará en la Declaración de Zaragoza una propuesta articulada de reforma de la Constitución, sino la invitación a los actores de la Transición a salvar todo lo aprovechable de la misma. Nada de tablas rasas como en principio pretende Podemos, el partido que nació formalmente el día anterior al cónclave socialista. Pedro Sánchez ofreció un “pacto de renovación constitucional” que entraña “un pacto ciudadano”.

No solo se buscaba ayer lanzar un mensaje a la ciudadanía, al PP y al resto de las fuerzas políticas, sino que Sánchez quiso calibrar la unidad de su partido en un asunto clave como es el debate territorial. Hubo unidad, de la que la presidenta andaluza, Susana Díaz, responsable del Consejo Federal, fue artífice clave junto con Sánchez, según aseguran los secretarios regionales consultados.

Unidad interna y mensaje al PP y al Ejecutivo, como segundo objetivo. “El Gobierno nos retaba a que pusiéramos sobre la mesa un texto sobre la reforma constitucional. Lo que ponemos es la mesa y la propuesta de que lo discutamos entre todos”, señaló un dirigente territorial, a modo de resumen de las muchas intervenciones registradas al respecto. Desde el castellanomanchego Emiliano García Page al extremeño Guillermo Fernández Vara, pasando por el asturiano y presidente del Principado, Javier Fernández, o el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, todos coincidieron en que corresponde al Gobierno mover ficha. “Abrimos a Rajoy un camino fácil para que se avenga a hablar de la reforma constitucional y no dejar el campo libre a los rupturistas”, señaló un barón territorial.

Pedro Sánchez remitirá oficialmente ahora la propuesta socialista al presidente del Gobierno. Se trata de que Rajoy dé instrucciones a su grupo parlamentario para crear una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, como trabajo previo a la creación de una ponencia parlamentaria, que “permita delimitar los aspectos de la reforma y las diferentes soluciones a adoptar mediante la comparecencia de expertos y la petición de informes a los órganos constitucionales implicados, a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas” de Ceuta y Melilla. Por tanto, una comisión de estudio para revisar a fondo la Constitución y hacer propuestas de cambio.

En los siete folios de la Declaración de Zaragoza solo se pueden encontrar menciones a Cataluña en la primera parte expositiva, aunque en un epígrafe sobre la transformación de la España autonómica en otra federal figura sin nombrarla. El texto remite a la Declaración de Granada, aprobada por un órgano como el reunido ayer, pero con Alfredo Pérez Rubalcaba en la secretaría general, en el que se establecían los cambios constitucionales a realizar. Entre ellos figuraba “el reconocimiento eficaz de las singularidades y hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas”.

Precisamente, la vigencia absoluta de la Declaración de Granada era una de las demandas de Iceta. La apuesta por una España federal que ya recogía ese texto y remacha el ayer aprobado refuerza la alianza entre el PSOE y el PSC en el debate territorial. “Estamos convencidos de que las dificultades de reconocimiento que encuentra Cataluña pueden y deben resolverse en el marco de una reforma de la Constitución que afecte al conjunto de las comunidades autónomas”, dice la resolución de Zaragoza. A renglón seguido, los socialistas reafirman su convicción de que “Cataluña forma parte inseparable de España”.

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