El juez cita a Pastrana y Fernández Sevilla por las facturas falsas después de que Anticorrupción lo solicitara

El juez de Sevilla que investiga el caso UGT y la presunta trama diseñada por el sindicato para desviar subvenciones y destinarlas a su financiación ha imputado a los dos últimos secretarios generales de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla,Juan Jesús García Vélez, ha citado para noviembre a Pastrana y Fernández Sevilla, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera hace un par de semanas su imputación, por su «participación directa» en la «financiación ilícita» del sindicato, destapada por EL MUNDO a partir de julio de 2013.

Pastrana fue líder de la federación andaluza de UGT durante quince años, entre 1998 y 2013, y Fernández Sevilla fue su mano derecha, como secretario de Organización, y posteriormente, lo relevó en la secretaría general sólo durante seis meses, ya que en noviembre de 2013 se vio forzado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas y tras las presiones del líder nacional de UGT, Cándido Méndez.

Para Fernández Sevilla, será su segunda imputación en un asunto de corrupción, ya que también está implicado en el caso ERE, por su etapa como secretario general de la federación agroalimentaria de UGT-A, cuando se firmó el acuerdo con la Junta para el ERE en Altadis. Fernández Sevilla, que está acusado de malversación de caudales, ya compareció ante Alaya el pasado 23 julio, si bien se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción pidió para él una fianza civil de 296.000 euros.

En el caso de las facturas falsas, la Fiscalía sostiene que Pastrana y su sucesor fueron «titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato», destaca Fernando Soto, fiscal delegado Anticorrupción, quien subraya cómo UGT-A se financió irregularmente a través de la «defraudación generalizada de subvenciones recibidas relativas a fondos de formación».

Con la citación de Pastrana y Fernández Sevilla, el caso UGT acumula ya 18 imputados, entre los que destacan el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda y la ex dirigente sindical y militante socialista María Charpín.

La lista se completa con trece empresarios y representantes de proveedores del sindicato que, presuntamente, falsearon facturas al dictado de UGT y también abonaron comisiones de hasta el 20% de lo facturado.

Los hechos investigados comienzan a implantarse -según la tesis de la Fiscalía- cuando se puso en marcha la llamada central de compras, como se deduce de las investigaciones y de las declaraciones de los imputados.

El escrito de la Fiscalía subraya que la central de compras fue «inspiración directa» de Manuel Pastrana, según lo manifestado por el ex tesorero de UGT Federico Fresneda. Sin embargo, Fernández Sevilla continuó con la implantación de esta central de compras, «no sólo en su época de secretario de Organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana».

Las revelaciones de este diario sobre los diferentes métodos seguidos por UGT-A para su financiación irregular, como el cobro de mordidas a los proveedores o la implantación del polémico bote de facturas falsas, han resultado claves para la imputación de los dos ex secretarios generales.

A través del «rapel» -descuentos que se aplican en las relaciones comerciales por elevadas facturaciones que servían para «enmascarar» el abono de mordidas de empresas a UGT- se aplicaba un porcentaje a cada una de las compras que el sindicato hacía a sus proveedores.

«Luego, ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban» ante la Junta, expone el fiscal.

Para repartir el «rapel» se convocaban comisiones ejecutivas, de las que formaban parte Pastrana y Fernández Sevilla, como han declarado varios testigos. Federico Fresneda ha corroborado este extremo, al señalar que la comisión ejecutiva «decidía» las empresas que pagaban el «rapel».

El testimonio de Germán Damián Domínguez, ex secretario de Cultura y Formación de UGT-A, sobre el 20% de «canon revolucionario» que el sindicato retenía a todas las subvenciones es otra de las claves en la imputación de Pastrana y Fernández Sevilla.

Cuando la Fiscalía pidió estas imputaciones, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, abogó por «esperar a la decisión del juez», si bien apuntó que Pastrana y Fernández Sevilla debían dar «explicaciones completas, concretas y satisfactorias».

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, está de acuerdo con Méndez en que den explicaciones y no cree que eso sea echar balones fuera. «Sería necesario que Manolo [Pastrana] explique cómo se hacían las cosas dentro del sindicato porque igual aporta mucha más luz y lo que parece una cosa es otra», señaló Carmen Castilla a este diario cuando la Fiscalía pidió las imputaciones.

EL MUNDO