Los dos máximos responsables del Gobierno socialista de Andalucía durante 23 años consecutivos van a ser investigados en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que la juez Mercedes Alaya ha cuantificado en nada menos que 855 millones de euros por el fraude de los ERE.

La Sala Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a tres ex consejeros, para averiguar si idearon y mantuvieron desde el año 2000 un sistema de subvenciones a empresas y trabajadores que se desarrolló, supuestamente, al margen de la ley y burlando todo control, además de permitir lucrarse a personas y empresarios afines.

La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asumido el criterio del fiscal y ha abierto el proceso únicamente contra los cinco aforados que están bajo su jurisdicción: los diputados en el Congreso Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y los senadores José Antonio Griñán y María del Mar Moreno.

Chaves y Griñán ostentaron durante casi medio siglo la Presidencia del Gobierno andaluz. El primero estuvo al frente de la Junta desde 1990 hasta 2009 y el segundo, desde 2009 hasta 2013. Ambos fueron, por tanto, los máximos responsables del Ejecutivo autonómico durante los 12 años (2000-2012) en que funcionó un sistema de ayudas directas a empresas y trabajadores que «permitía disponer de importantes cantidades de dinero, ascendientes a 855 millones de euros, para hacer efectivos los pagos sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas», resume la resolución que ha dado inicio a la causa, redactada como ponente por el magistrado Miguel Colmenero.

Viera era consejero de Empleo cuando se puso en marcha ese sistema, mientras que Zarrías y Moreno fueron en distintos períodos consejeros de Presidencia.

El Alto Tribunal no ha aceptado el criterio de la juez instructora de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre la naturaleza inescindible del proceso y ha considerado que, en principio, «es posible investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema» -aspectos en los que habrían intervenido los cinco aforados-, sin necesidad de atraer al Supremo «todas las conductas concretas de ejecución administrativa y material de las acciones permitidas por dicho sistema, imputadas a otras personas» no aforadas ante el TS.

La Sala no solo recuerda la necesidad de respetar, «en la medida de lo posible», el derecho al juez ordinario que tiene cada imputado, sino que también reproduce las reflexiones contrarias a las macrocausas que viene haciendo el Supremo en diferentes resoluciones y, particularmente, en la sentencia del caso Hacienda, al que se puso fin en diciembre de 2013 después de más de 10 años de expediente judicial.

Por contraste con las recomendaciones del Supremo, Alaya, que abrió el caso de los ERE en 2011, ha imputado ya a 225 personas y lleva acumulados 100.000 folios.

La Sala señala que «el resto del procedimiento [todo, salvo lo que se refiere a los cinco aforados] deberá continuar ante los órganos competentes», sin perjuicio de que se remitan al TS «cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen que tengan relación con los hechos atribuidos provisionalmente» a Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Moreno.

La resolución también deja a salvo la posibilidad de que a lo largo de la investigación contra estos cinco aforados surjan datos «que pueden hacer aconsejable la ampliación del conocimiento de esta Sala a hechos cometidos por personas no aforadas pero que presenten una conexión material inescindible con los imputados a las personas aforadas». Eso deberá apreciarlo, en primera instancia, el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge.

La Sala Penal basa la apertura del procedimiento en la exposición que elevó Alaya el pasado 12 de agosto, pero se cuida de precisar que ha hecho una valoración «muy provisional» de su contenido.

«Siempre según se desprende de la exposición», las ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores se concedían «sin ajustarse a procedimiento alguno, sin incoar ninguna clase de expediente, sin requerimientos de ningún tipo acreditativos de sus condiciones a los posibles beneficiarios y sin más soporte que la propia decisión de la Consejería de Empleo, [que] acordaba la concesión de las referidas ayudas y realizaba traspasos de dinero al Instituto de Fomento de Andalucía /Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para que procedieran a hacer efectivo el pago a los beneficiarios, cuya identidad era decidida directamente por la propia Consejería».

Esos traspasos de fondos se articulaban mediante transferencias de financiación, que legalmente no podían destinarse a esa finalidad pues están previstas para equilibrar las cuentas de resultados de las empresas públicas.

Al presupuestar las ayudas como transferencias de financiación (lo que fue objetado por la Intervención General de la Junta, sin que se le hiciera el menor caso), se eludieron los controles legales y se entregaron con una «absoluta discrecionalidad» importantes cantidades de dinero destinadas mayoritariamente a «personas y empresas próximas a los sindicatos y a cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz».

«Tales hechos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos», indica el Supremo, acogiendo la provisional calificación delictiva que proponía Alaya en su exposición.

La Sala subraya que los indicios que apuntan a los cinco aforados «derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política, dados los cargos que desempeñaban y de su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema».

El Alto Tribunal califica, por ello, de «imprescindible» la investigación de la conducta de los aforados. Éstos tendrán que comparecer ante el magistrado instructor en la condición procesal de imputados (es decir, con derecho a estar asistidos de abogado, a guardar silencio, a solicitar la práctica de diligencias, etc.), aunque su inculpación judicial no se producirá, en su caso, hasta que finalice la investigación.

EL MUNDO