EL MUNDO
VICTORIO MAGARIÑOS

La Constitución española establece en su artículo 31 que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en el principio de igualdad. Y matiza y manda, además, en el 139, que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Sin embargo, la misma Constitución, en una disposición adicional, pasa por alto aquel principio y mandato al reconocer los derechos históricos de los territorios forales. A cuyo amparo se fraguaron el Convenio Económico en Navarra y el Concierto Económico en el País Vasco que consagran verdaderos privilegios fiscales, incompatibles con el principio que aquellos preceptos reconocieron. Pero, además, el desarrollo del Estado de las Autonomías ha provocado un desbordamiento legislativo de las Comunidades Autónomas que se han lanzado desaforadamente a legislar. Lo que ha degenerado en un verdadero galimatías jurídico, fuente de inseguridad y de desigualdades entre los españoles.

Dentro del ámbito fiscal es el tratamiento del impuesto sobre sucesiones y donaciones el que ha provocado las mayores diferencias entre las comunidades autónomas. Hasta tal punto que el principio de igualdad y también el de seguridad jurídica han quedado seriamente dañados.

El de igualdad no sólo por las diferencias de la carga fiscal existentes en las distintas regiones por adquisiciones análogas, sino también -y además- por las diferencias de gravamen entre los propios residentes de la misma región simplemente por razón de parentesco.

El legislador estatal, al regular el impuesto sobre sucesiones ignorando la verdadera naturaleza de la sucesión mortis causa, estableció una tarifa progresiva en función de la cuantía del parentesco del adquirente con el causante y del patrimonio del adquirente que, en muchos casos, deja diezmada la herencia. Hasta tal punto que, a veces, el sucesor no tendrá más remedio que proceder a la venta de los bienes para poder pagar el impuesto. Con lo que se destruye la base económica de la empresa y la continuidad de patrimonios dinámicos conseguidos con esfuerzo durante muchos años y después de haber sido gravados sucesivamente en vida del causante.

Consciente de ello, el legislador reaccionó en 1996 estableciendo una serie de reducciones referidas a la vivienda familiar y a la empresa individual, que prácticamente todos los años hasta 2004, y, luego en 2012, por cuenta gotas, ha ido corrigiendo y aumentando mínimamente.

Las comunidades autónomas, en este caso con más sensibilidad y cercanía al ciudadano, emprendieron por su parte una minoración de la carga fiscal sucesoria hasta llegar alguna a suprimir prácticamente el gravamen, como en Madrid. También el resto de ellas reaccionaron rivalizando entre las mismas estableciendo nuevas reducciones o ampliando las estatales.

Es oportuno recordar aquí que están sujetas a la regulación de la comunidad las herencias de las personas que hayan permanecido en el territorio de la misma un mayor número de días de los cinco años anteriores al fallecimiento.

En Andalucía, el legislador, utilizando la significativa denominación de «mejora» autonómica, ha ampliado la reducción estatal del 95% en la adquisición mortis causa de vivienda habitual por cónyuge, descendientes y ascendientes, hasta el 99,99% cuando constituya, además, la residencia habitual del adquirente. Ha dejado libre de gravamen la herencia cuando el adquirente sea descendiente, ascendiente o cónyuge, siempre que el valor de lo recibido no exceda de 175.000 euros y su patrimonio preexistente no sea superior a 402.678,11 euros. Ha mejorado la reducción por adquisición de empresa individual o negocio profesional ampliándola a ascendientes y colaterales hasta el tercer grado aunque existan descendientes, e incluso a extraños cuando tengan relación laboral o de prestación de servicios con la empresa o negocio profesional. Y, si la empresa o negocio profesional tiene el domicilio fiscal en Andalucía, la reducción estatal del 95% se amplía al 99%. Sin embargo, aumentó la tarifa general, a partir de 398.777,54 euros, siendo hoy de las más elevadas de España cuando el valor de la adquisición hereditaria supere aquella cifra.

Las reducciones señaladas no impiden que las personas no favorecidas por las mismas se encuentren en una situación de desigualdad en relación con los que residen en territorios prácticamente libres del impuesto de sucesiones. Diferencias difícilmente aceptables, dada su magnitud, sin que pueda esgrimirse con fundamento que se trata de una consecuencia lógica y lícita de la autonomía. Pretender justificar la desigualdad en base a los distintos servicios que presta cada autonomía supone desconocer que las diferencias desorbitadas de gravamen, que en el impuesto sobre sucesiones pueden llegar a ser cien veces más alto que en otra región, no se corresponden en modo alguno con los distintos niveles de vida y de servicios o singularidades de los diversos territorios. Por otra parte, habrá que tener en cuenta que tal desproporción propicia conductas irregulares en los contribuyentes (cambios ficticios de domicilio, aumento de valor de los bienes a otros efectos en el IRPF, etc.), que un legislador prudente y justo ha de evitar. Todas estas consideraciones nos conducen a una cuestión más profunda, como es la del exceso competencial de las comunidades autónomas.

Además de la desigualdad por razón de territorio, existen también diferencias de trato dentro de la misma comunidad entre personas con la misma capacidad económica. En efecto la tarifa es mucho más elevada cuando los adquirentes son parientes colaterales del causante o extraños, en los términos antes señalados. Esta desigualdad se da también a nivel estatal. Pero se hace más intensa y grave en la legislación autonómica al haberse favorecido especialmente la sucesión de parientes próximos (descendientes, ascendientes y cónyuge), hasta tal punto que pueden quedar prácticamente exentos; lo cual hace que la diferencia sea especialmente relevante y, por tanto, discriminatoria.

Este problema está relacionado con una tradición, recogida en el Código Civil, que limita la libertad de testar obligando al testador a dejar parte de su patrimonio a sus descendientes o ascendientes. Limitación que, dada la realidad social actual, carece de fundamento, salvo que se trate de cumplir los deberes derivados de la filiación, concretamente el de alimentos y formación de los hijos.

La regulación civil arrastró al legislador fiscal, que establece una discriminación por razón de parentesco sin más fundamento que la inercia o la tradición. Lo cual impedirá, en ocasiones, que el testador pueda recompensar suficientemente a personas que le han ayudado y atendido, al verse éstas obligadas a compartir la herencia con el Estado o la comunidad autónoma que se interpone forzosamente como un «heredero» indirecto a través de un impuesto insoportable y confiscatorio. Baste un ejemplo para hacer visible tan injusto tratamiento. El de dos hermanos solteros que viven juntos. Su relación afectiva y económica suele ser, en ocasiones, más intensa que la de los descendientes con sus ascendientes. Sin embargo, y salvo el supuesto antes señalado de la empresa individual, tendrán que pasar los últimos años de su vida ahorrando para pagar el impuesto en caso del fallecimiento de uno de ellos, pues si no el sobreviviente se verá obligado, en muchos casos, a vender el bien o parte de los que con el esfuerzo conjunto se hayan generado.

Por último, es preciso llamar la atención acerca de la inseguridad jurídica que provocan los cambios continuos que se producen en la regulación del impuesto, que impiden que una persona tenga la certeza necesaria para proyectar su plan de vida. Tales cambios generan también desigualdades llamativas entre quienes tengan la suerte de heredar en una fecha y los que, por cambio legislativo, caigan en el campo de una nueva regulación más gravosa.

Hasta hace poco tiempo, existía una tendencia clara de las comunidades autónomas a rebajar e incluso a suprimir el impuesto de sucesiones; pues la tributación por la herencia, dada la magnitud del gravamen y la naturaleza especial de la sucesión, se consideraba generalmente abusiva y confiscatoria. La crisis económica y política que padecemos probablemente resucite con bríos la bandera de este impuesto que, de manera superficial y demagógica, podría llegar a considerarse como instrumento de reparto o incluso como medio de devolución a la comunidad del patrimonio conseguido con el esfuerzo, el talento y el trabajo de muchos años; pese a que haya quedado reducido sustancialmente a causa de la aplicación sucesiva y cumulativa de diversos tributos en vida del causante. Pero este es otro problema que merece una reflexión aparte.

Victorio Magariños Blanco es notario y académico de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.
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