EXPANSIÓN
El Ejecutivo vetará la financiación de los catálogos farmacéuticos y sanitarios de las CCAA en caso de que sobrepasen el tope de presupuesto farmacéutico que establezca

El Gobierno ha decidido poner un límite al incremento del gasto sanitario de las comunidades autónomas. Las administraciones regionales se verán seriamente penalizadas en caso de que incrementen estos apartados año a año por encima del incremento del PIB nacional, tal y como establecen dos enmiendas del PP que se tramitan con un proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de financiación autonómica.

Esta iniciativa para topar el gasto sanitario autonómico a través de enmiendas fue ayer motivo de indignación en los grupos parlamentarios, como ICV-IU, CiU o PNV, que presentaron en el Congreso de los Diputados su dictamen sobre la tramitación, que ahora deberá pasar al Senado para su ratificación o modificación.

El Gobierno establece que las comunidades autónomas adheridas a la central de compras farmacéuticas tendrán que mantener un incremento del gasto farmacéutico por debajo de “la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”, según se delimita en la enmienda del PP. En caso de infracción de esta normativa, el texto establece que “la comunidad autónoma no podrá aprobar la cartera de servicios complementaria”, y “no podrán prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del sistema nacional de salud”. Esto significa en la práctica que los Gobiernos regionales deberán priorizar el presupuesto para el catálogo de fármacos y servicios nacionales, en detrimento de sus propias coberturas. Esto incluye por ejemplo, la financiación de prótesis, o el transporte sanitario no urgente.

Aunque la medida solo se aplicará, en un principio, a aquellas que están adheridas al “instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto financiero”, la central de compras, se busca que sea una medida extendida al conjunto de las 17 autonomías. En realidad solo hay cuatro regiones que todavía no se han adherido a este mecanismo, aunque no se descarta que lo vayan a hacer en breve: Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias.

El origen de este nuevo instrumento de contención del gasto autonómico nace en junio de 2014, cuando se conoció la recomendación del Consejo Europeo sobre el Programa Nacional de Reformas del Gobierno español y el dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad. Entonces se indicó desde Bruselas la necesidad de controlar el gasto farmacéutico y sanitario, en manos de las comunidades autónomas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne el Ministerio de Hacienda con los consejeros del ramo autonómicos, acordó un mes después la creación de un grupo de trabajo encarado a abordar la reducción del coste sanitario, “ante el agotamiento de las medidas implementadas” hasta la fecha, como avanzó este diario en su día. La intención de los Ejecutivos regionales fue entonces que el Ministerio de Hacienda aprobara la posibilidad de aplicar ciertos copagos en el sistema sanitario, aunque por ahora no se ha hecho nada al respecto.

Reformar el modelo

Los grupos de la oposición saltaron ayer en tromba contra esta iniciativa, y acusaron al Gobierno de pretender el control del gasto autonómico con medidas como esta. El diputado de ICV, Joan Coscubiela, criticó al Ejecutivo por llevar esta limitación del gasto sanitario a través de sendas enmiendas, sin la posibilidad de discutirla como proyecto de ley propia. La diputada del PSOE, María José Vázquez calificó el proyecto “totum revolutum destinado a controlar las competencias de las CCAA”, ya que en realidad realiza modificaciones sobre ocho normas distintas. Antoni Picó, por CiU, denunció que “se pretende intervenir en su gestión”.

La mayoría de los grupos de la cámara baja instaron al Gobierno del PP a realizar, en cambio, una modificación profunda del modelo de financiación, que debería hacerse durante esta legislatura.

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