Bernat García
EXPANSIÓN
El Gobierno exige al Ejecutivo autonómico una reformulación del plan de ajuste antes del 15 de noviembre para equilibrar un agujero aflorado el mes pasado

A la Generalitat de Cataluña se le acumula la faena. Al frente político abierto por la suspensión cautelar de la moción de la ruptura, se le añade el frente económico. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicado a la Consejería de Economía catalana, que debe ejecutar un ajuste extra de 1.318 millones de euros en el presupuesto de este año para cumplir con el déficit.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, mandó la semana pasada una carta al consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, que «se ha registrado un aumento de gasto» en el ejercicio de 2015, de lo que «debería derivarse la adopción de medidas concretas dirigidas» a conseguir el objetivo de déficit, explicita la misiva a la que ha tenido acceso este diario. Además, la Secretaría de Estado da de plazo hasta este 15 de noviembre para reformular su plan de ajuste financiero.

Si conseguir los objetivos de déficit eran prácticamente inasumibles por parte de la Generalitat para este año, ahora son imposibles. El nuevo ajuste requerido por Hacienda supone más de seis décimas del PIB catalán. De hecho, los técnicos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) señala en sus informes recientes que Cataluña cerrará 2015 con un déficit cercano al 2% de su PIB.

Este nuevo ajuste corresponde a 1.318 millones aflorados en el déficit de la Generalitat de Cataluña, y que promovió una agria polémica entre ambas administraciones. El Ministerio de Hacienda descubrió en septiembre pasado un agujero por tal cantidad en contratos del Ejecutivo regional de años pasados, que obligó a incluir en el déficit de 2013. Entonces, el departamento liderado por Cristóbal Montoro acusó a la Consejería de Mas-Colell de haber «ocultado» este desfase. Posteriormente, el Eurostat reclasificó este déficit y obligó a computarlo en el ejercicio de 2015, año en que verdaderamente afloró la cantidad. Desde la Generalitat se indicó que la inclusión de este déficit corresponde solo a modificaciones en el perímetro de contabilización de gasto, y que el Gobierno había estado informado desde el inicio de estas operaciones, exactamente desde el ejercicio 2007.

Los 1.318 millones de euros corresponden a contratos para carreteras y construcción de prisiones realizados mediante el método alemán, una fórmula de contabilización público-privada que permitía, hasta entonces, relegar los pagos a las empresas adjudicatarias en varios ejercicios.

El Ministerio de Hacienda, tras desvelar este nuevo agujero en las cuentas públicas de Cataluña, anunció una revisión en profundidad de la actuación de otras comunidades autónomas y ayuntamientos para descubrir operaciones parecidas. De hecho, en la nota se explicaba el caso de Cataluña, pero también del Ayuntamiento de Zaragoza de 200 millones de euros.

El agujero en cuestión descubierto por el Ministerio de Hacienda no es anecdótico, por que la propia Comisión Europea se ha referido a este desfase de la comunidad autónoma para justificar, entre otras causas, que el Gobierno español tiene muchas posibilidades de incumplir el objetivo de déficit público este año. Bruselas considera que España cerrará este ejercicio con un desfase del 4,7% sobre el PIB, medio punto por encima del objetivo.