«En la Moncloa hubo un punto de desacuerdo y 23 posibilidades de diálogo». Con esta frase resume un colaborador del presidente sorayadel Gobierno la reunión que el 30 de julio celebraron Mariano Rajoy y Artur Mas. El Gobierno, trabaja ya en esas posibilidades de diálogo, con un horizonte, «hay vida después del 9-N«.

Pero las dos cosas, el desacuerdo en la consulta y las posibilidades de acuerdo en las demandas planteadas por Mas, van unidas en las formas. Según fuentes del Ejecutivo, su respuesta al documento que Artur Mas entregó a Rajoy en ningún caso será una respuesta global, entre otras razones porque el Gobierno central quiere evitar que se interprete como una cesión a la Generalitat a cambio de aplacar la apuesta soberanista del president Mas. De hecho, la determinación de la Moncloa es acompasar posibles acuerdos sobre el contenido de las propuestas de Mas con los pasos que vaya dando el Govern en el proceso abierto hacia la convocatoria de una consulta en Catalunya. Entre otras cosas, aseguran las fuentes consultadas, porque la negociación sobre las demandas de la Generalitat, dependen, en gran parte, del clima de diálogo entre ambos gobiernos, y la posibilidad de que Mas asuma alguna acción fuera de la ley afectaría a ese clima.

De hecho, en la Moncloa aún consideran como un punto de inflexión en las vías de comunicación entre los dos ejecutivos el anuncio de la fecha y la pregunta de la consulta, de la que, aseguran, se enteraron por la prensa. Con confianza, dicen en el Gobierno, puede haber diálogo, aunque añaden otra limitación: «No hay dinero para todo». En el documento de Mas, se pide que se aumente el margen de déficit para el 2015, pero también el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, o el impulso de inversiones como el corredor mediterráneo, los accesos al puerto de Barcelona o el cuarto cinturón.

Desde la reunión entre Rajoy y Mas, las relaciones del Ejecutivo con la federación nacionalista parecen haber mejorado, y se reflejó en los debates el martes en la diputación permanente del Congreso, y el miércoles en la comisión de Economía. El portavoz del PP contuvo las críticas de días anteriores por el caso Pujol contra la federación nacionalista durante el debate sobre la comparecencia de Cristóbal Montoro y optó por poner el énfasis en que el ministro de Hacienda acuda al Congreso a explicar la lucha contra el fraude fiscal. Una posición que el grupo parlamentario de CiU valoró.

También el martes, la visión de CiU respecto a la reforma para la elección de alcaldes fue un balón de oxígeno para el PP y el Gobierno. La disposición a dialogar de los nacionalistas, aunque sea con su propia propuesta encima de la mesa, permite a los populares seguir adelante. «Se ha roto el bloque del no», que parecía que iba a producirse en el Congreso. Los populares reconocían ayer que si todos los partidos hubieran rechazado el diálogo, al Gobierno de Rajoy le hubiera sido muy difícil plantear la iniciativa. Después del debate del martes, el Gobierno confía en poder sacar la reforma adelante con CiU e incluso con el PNV. La clave estaría en introducir la posibilidad de celebrar una segunda vuelta en los casos en los que la candidatura ganadora no obtienen el 40% de los votos, que les daría un premio de mayoría. Aunque el PP no pondrá esa propuesta encima de la mesa, está dispuesto a estudiarla. Lo que pide CiU, además, es que las candidaturas en estas elecciones, y en las generales, sean abiertas. 

El nuevo tono entre CiU y el PP quedó reflejado en la aceptación por parte de los populares de dos enmiendas convergentes relativas a puertos, que había presentado CiU en la ley ómnibus.

 

LA VANGUARDIA