Antonio R. Vega
ABC
La partida presupuestaria para arrendamientos de oficinas alcanzará este año niveles históricos: 91 millones de euros

Desde que estalló la crisis y los ingresos comenzaron a escasear, la Junta de Andalucía andaba dándole vueltas a la idea dedespojarse de más de setenta inmuebles de su propiedad con el objetivo de obtener liquidez. Lo intentó sin éxito en 2010 el Gabinete de José Antonio Griñán, pero no halló comprador debido al parón inmobiliario que impuso la recesión. Hubo que esperar hasta finales del año pasado, con Susana Díaz gobernando gracias a una coalición con Izquierda Unida, para cerrar la venta en bloque de setenta edificios en las principales ciudades andaluzas por importe de 300 millones de euros.

El gestor de fondos estadounidense W. P. Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes, se hizo con los activos públicos a un precio por debajo del mercado debido a la crisis inmobiliaria a través de la fórmula de sale and leaseback, que consiste en que el propietario vende los edificios y el comprador se convierte en su casero. La Consejería de Hacienda y Administración Pública presumió de haber colocado el mayor paquete de venta de inmuebles que han sacado al mercado las comunidades autónomas.

Sin embargo, las urgencias por ingresar dinero rápido en la hucha autonómica van a tener un alto precio que la Administración autonómica ha empezado a notar este mismo año en sus presupuestos. Para 2015, la cuantía consignada para la aplicación presupuestaria 202, que engloba el gasto en arrendamientos y otras construcciones de las distintas consejerías y agencias administrativas, se ha disparado en 34,1 millones de euros, lo que representa casi un 60 por ciento más del dinero gastado durante 2014, 56,9 millones de euros, según los datos de la Oficina de Control Presupuestaria del Parlamento de Andalucía.

En las cuentas de la Junta de Andalucía no hay precedentes de una factura tan abultada para el alquiler de oficinas: 91 millones de euros, según el crédito final reservado para este ejercicio. La cuantía dedicaba inicialmente a atender estos gastos ascendía a 84,8 millones de euros.

Administración paralela

En la citada partida no se incluyen los arrendamientos que realizan las empresas públicas, agencias empresariales, fundaciones y consorcios, la elefantiásica estructura que compone la denominada administración paralela, cuyo coste total no ha trascendido. Entre 2013 y 2015, la Junta va a hacer frente a 30,7 millones de euros más en alquileres, un 51 por ciento.

Según la orden de 3 de julio de 2012, donde se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos, laaplicación presupuestaria 202 reúne los gastos de alquiler de edificios, locales, plazas de garaje y otras construcciones como almacenes, museos y aulas. Estos créditos atienden también servicios adosados al recibo del alquiler como calefacción, agua o limpieza.

La respuesta a este importante incremento de gasto se encuentra en la macrooperación de enajenación directa y simultáneo arrendamiento de los inmuebles, entre los que se hayan edificios de las consejerías, delegaciones territoriales y sedes de organismos autonómicos. Todos los departamentos están afectados.

Aparte de desprenderse de patrimonio inmobiliario, la Junta va a pagarle al fondo yanqui una elevada factura durante veinte años en concepto de arrendamiento de sedes en los que sus funcionarios siguen instalados. A razón de 23,6 millones de euros al año más IVA, al cabo de veinte años las arcas autonómicas habrán desembolsado 472 millones de euros. Es decir, pagará 172 millones de euros más de los que ha ingresado por sus propiedades.

W.P. Carey está especializado en comprar «activos críticos» que proporcionan actividad comercial y diversificación geográfica a su cartera de inversión. En España, el gestor de fondos norteamericano se hizo en 2010 con una docena de establecimientos de la cadena de supermercados Eroski bajo la fórmula de venta y posterior alquiler.

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