EXPANSIÓN

El descontrol presupuestario de las autonomías se acentuó a finales de 2014. Hasta noviembre, su déficit acumulado superaba en 2.435 millones de euros al desfase del ejercicio anterior, ya que doce de los diecisiete gobiernos autonómicos sobrepasaban el máximo permitido de déficit para todo el año. En cabeza de los incumplidores se situaban Murcia (cuyo déficit alcanzó el 2,54% del PIB, frente al objetivo del 1%), Extremadura (2,45%) y Cataluña (1,95%), Valencia (1,87%) y Andalucía (1,73%). El agravamiento de los desfases presupuestarios autonómicos, al tiempo que la recuperación de la economía española tomaba impulso –según el Banco de España, el PIB creció un 1,9% en tasa interanual durante el último trimestre del año pasado–, evidencia el fracaso de las ayudas otorgadas por el Ministerio de Hacienda en los últimos meses a los gobiernos regionales para que enderezasen sus cuentas.

En vista de esta trayectoria, cabe suponer que tendrán idéntico resultado las medidas facilitadoras más recientes para conceder más margen financiero a las autonomías: perdonar los intereses de los préstamos concedidos hasta ahora, ofrecer nueva financiación al 0% o asumir sus vencimientos con los bancos españoles. Máxime teniendo en cuenta que este año todas las regiones incumplidoras celebrarán elecciones, incluidas Andalucía y Cataluña tras los adelantos recientemente anunciados por sus respectivos presidentes, lo que incrementará la tentación de aumentar su gasto público para ganar votos. Algo que el Gobierno debería frenar para evitar que acabe convirtiéndose en factor de inestabilidad, por mucho que la disciplina presupuestaria del Estado central, los ayuntamientos y la contención del déficit de la Seguridad Social gracias al aumento de la ocupación vayan a permitir cerrar el pasado ejercicio con un déficit público conjunto claramente inferior al objetivo del 5,8% fijado por Bruselas e incluso del 5,5% establecido por Hacienda.

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