Daniel Viaña

EL MUNDO

La cifra aumenta hasta los nueve meses en el caso de las Leyes Orgánicas, que son aquellas que dan formas a las reformas estructurales

El 29 de octubre del pasado año, el Congreso tramitó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y un día después aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Desde entonces, en España no se ha registrado ninguna Ley Orgánica, Ley o Real Decreto en materia económica, lo que supone que el desgobierno y la inestabilidad política está provocando que el país acumule ya más de seis meses sin reformas en uno de los ámbitos más importantes y en el que más actividad demandan instituciones, agencias y diferentes actores del mercado.

Además, la única de estas dos leyes que no es una mera refundición de texto y sí una actuación real, como es la de los presupuestos, ni siquiera se podrá llevar a cabo tal y como se aprobó ya que Bruselas ha señalado que el próximo Gobierno deberá modificarla ante la improbable consecución de los objetivos de déficit.

Más tiempo aún hay que remontarse si se atiende únicamente a la aprobación de Leyes Orgánicas, que son las que dan forma a las llamadas reformas estructurales. En concreto, la última Ley Orgánica registrada fue el 12 de junio de 2015, hace ya nueve meses, y se trata de una modificación de la financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ésta última es la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, citó la pasada semana cuando advirtió de que podría sancionar a las Comunidades Autónomas que habían incumplido su objetivo de déficit aunque, nueve meses después de su aprobación,todavía no está claro que se vaya a aplicar.

Tampoco parece haber tenido un gran éxito la anterior Ley Orgánica relacionada con la economía, que es la que complementa la racionalización del sector público y que data del 11 de julio de 2014. Mediante esta medida, el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a llevar a cabo una importante reforma de la Administración. Sin embargo, 23 meses después, dos de cada tres ciudadanos desconocen si se ha realizado modificación alguna, tal y como evidencia el informe Calidad y Sostenibilidad de los Servicios Públicos 2015 elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (Aeval), y Moody’s afirma que la actuación del Ejecutivo ha tenido un efecto nulo o muy limitado.