Susana Alcelay
ABC
Desde que entró en vigor la reforma laboral más de 6.200 empresas se han saltado el convenio para garantizar su situación económica

Dejar de aplicar un convenio colectivo se ha convertido en una de las herramientas clave para que las empresas puedan sortear las situaciones económicas difíciles sin tener que recurrir al despido como primera opción. Las altas dosis de flexibilidad que introdujo la reforma laboral aprobada en 2012 en el mercado de trabajo puso en manos de las empresas la posibilidad de modificar las condiciones laborales de sus trabajadores para evitar las extinciones del empleo, siempre la opción más traumática.

La inaplicación de convenios colectivos o los descuelgues eran residuales en las relaciones laborales antes de 2012. Las condiciones estrictas exigidas para su aplicación terminaban por hacer inoperante una opción que hoy se ha convertido en un recurso estratégico en las empresas. Cambios que, además, se ponen en marcha en la mayoría de los casos con acuerdo entre patronos y comités de empresa y sobre todo para evitar subidas de salarios previstos en convenios de ámbito superior, sobre todo, en el sector servicios.

En 2012, el primer año en el que la nueva legislación laboral facilitó las cláusulas de descuelgue, el número de empresas que se acogió a esta posibilidad fue de 748. Un año más tarde, el número ya ascendió a 2.512, y en 2014 a 2.073. Hasta junio de este año ya van 813, lo que significa que en apenas seis meses se ha superado la cifra de todo 2012 (la reforma laboral entró en vigor en febrero de ese año), según reflejan los datos del Ministerio de Empleo.

La inmensa mayoría de las empresas que se han acogido a la inaplicación de convenios o descuelgues pertenecen al sector servicios, más del 80%, pero sobre todo destaca que casi la mitad de los trabajadores afectados están empleados en grandes empresas con más de 250 asalariados. Ahora bien, si la comparación se hace en relación con el número de empresas que se salta lo que dispone el convenio colectivo de rama o de alcance nacional, el resultado es muy distinto: el 83% tiene plantillas inferiores a 49 trabajadores.

Con la nueva legislación laboral, las empresas amplían la gama de argumentos para poder descolgarse de la aplicación de un convenio colectivo. Pero mayoritariamente los motivos siguen siendo los salariales. Nada menos que el 93% de las inaplicaciones tienen que ver con la revisión de las nóminas, aunque si se observan únicamente las causas relacionadas con la actualización anual, este porcentaje baja al 64,6%. El resto se refieren a los sistemas de remuneración, a las mejoras en la acción protectora de la Seguridad Social o a la jornada de trabajo. Y todo con acuerdo en el seno de la empresa. Las compañías se han saltado los convenios en los últimos años tras llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas. Ha ocurrido en el 90% de los casos.

Competitividad exterior

La generalización de los descuelgues salariales, unido a la destrucción de empleo, ha provocado una caída de los costes laborales sin precedentes en nuestro país. La mayor rebaja se produjo en los años 2012 y siguientes, como consecuencia del recorte de sueldos. La reforma laboral y la presión de la crisis facilitó el entendimiento de empresas y sus plantillas para recortar los sueldos de los trabajadores y, en la medida de lo posible, mantener el empleo existente.

España ha logrado controlar los costes laborales unitarios y recuperar por esa vía altas dosis de competitividad en los mercados exteriores. Pero esos costes acumulan ya en nuestro país cinco años de descensos, con una contracción nominal agregada del 7,8%, lo que supone una media de caída anual del 1,56%, según los datos que maneja el Banco de España.

Si lo que se mira es sólo la evolución que han tenido los sueldos en convenio, el descenso ha sido de peso. De las subidas que rozaron el 4% durante la crisis, por ejemplo en 2008, cuando España estaba ya en crisis, se ha pasado a incrementos medios de medio punto o poco más.

Ahora, con la actividad económica creciendo a ritmos cercanos al 4% y con la máquina de crear empleo en marcha (en el último año se han creado más de 400.000 puestos), una recuperación, aunque tímida, de los salarios es ya una realidad teniendo en cuenta que la inflación sigue bajo mínimos. De momento, las empresas han comenzado a contratar, aunque los sueldos apenas se recuperan o caen. Es el caso de Iberia. La compañía ha anunciado la próxima contratación de unos 120 pilotos, lo que no ocurría desde hace once años. Los s uel dos de los contratados ( unos 35.000 euros anuales) serán un 60% más bajos que los que tienen los actuales empleados.

Como ya informó ABC, los agentes sociales han recomendado que l os convenios recojan para 2015 una subida salarial del 1 % y del 1 , 5% para 2016. El acuerdo fija una cláusula de garantía ligada a la inflación para evitar que los sueldos pierdan poder adquisitivo. Así, si los precios suben por encima del 2,5% entre 2015 y 2016, se activaría esta cláusula para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

ABC