El 20% percibe al mes entre 600 y 650 euros, el tramo más numeroso

Ni tan siquiera mileuristas. El 65,93% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros de pensión. Aunque la cuantía máxima fijada para este año es de 2.567 euros al mes, únicamente un 0,32% percibe esta cantidad a fecha de 1 de julio. La mayoría recibe, por el contrario, unos cuantos euros menos, en torno a 600 y 650 euros. En este tramo se encuentran 1.956.927 personas, lo que representa el 20,7% de los pensionistas en España.

El segundo grupo más numeroso lo forman aquellos que cobran entre 700 y 800 euros, un 9,43% recibe esta cantidad, de acuerdo a la estadística más reciente publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que computa las pensiones por incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares.

Por lo que respecta a la pensión media del sistema, que tiene en cuenta los distintos grupos, se situó en el mes de agosto, de acuerdo a los datos conocidos esta semana, en 905,3 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,89%.

Si desglosamos los datos, la pensión media de jubilación alcanzó los 1.044,92 euros mensuales; la de viudedad, 638,80 euros; la de incapacidad permanente, 930,41 euros; la de orfandad, 374,89 euros, y la de en favor de familiares, 526,07 euros.

En total, la Seguridad Social ha destinado este mes la cifra récord de 8.534,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,2% más de lo que empleó que en el mismo mes de 2015. Y en los últimos 10 años, el gasto mensual en pensiones se ha incrementado en 3.200 millones.

El pasado mes de julio, el Gobierno tuvo que recurrir una vez más al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder pagar la paga extra a los pensionistas, con lo que la llamada hucha de las pensiones ha quedado muy mermada. De los 66.816 millones de euros que tenía cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, apenas quedan 24.207 millones. Y aunque la economía española crece a buen ritmo, conviene recordar que la Seguridad Social terminó el año pasado con un déficit del 1,26%.

Además, el número de pensiones no deja de aumentar. Entre agosto de 2015 y el mismo mes de este año, lo ha hecho en 119.639, por lo que en total son ya 9.417.724 las pensiones a las que el sistema tiene que hacer frente cada mes. En lo que respecta a las nuevas incorporaciones, normalmente tienen pensiones superiores a la media, al haber cotizado por bases reguladoras más elevadas. Y por si esto fuera poco, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el número de afiliados a la Seguridad Social crecerá este 2016 a un ritmo del 2,8% mientras que la recaudación tan sólo lo hará al 1,9%.

Todos estos ingredientes hacen que numerosas voces hayan empezado a alertar sobre la viabilidad del sistema y a plantear la necesidad de acometer cuanto antes una reforma que garantice el futuro de las pensiones.

Desde UGT consideran que lo prioritario es “luchar contra la precariedad laboral, ya que la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios están dando lugar a una reducción de los ingresos a la Seguridad Social”. Además, el sindicato advierte de la necesidad de buscar fórmulas de financiación “vía presupuestos”, es decir, que las cotizaciones sociales cubran la parte contributiva y los Presupuestos Generales financien tanto las prestaciones no contributivas como los gastos de gestión del sistema.

Por su parte, el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Doménech, plantea la necesidad de actuar en tres frentes, teniendo en cuenta que las previsiones demográficas indican que el número de pensiones crecerá entre el 1,2% actual y el 1,8% en 2035.

En un artículo titulado ¿Qué hacer con las pensiones? Doménech propone, en primer lugar, “eliminar aquellas bonificaciones que puedan ser sustituidas por otras alternativas más eficientes para crear más y mejor empleo”, como incentivar los contratos indefinidos con cambios en la regulación laboral en lugar de con bonificaciones temporales que reducen los ingresos.

En segundo lugar, apuesta por “la convergencia de los regímenes especiales al régimen general”; y plantea que se sustituya “la financiación mediante cotizaciones sociales por impuestos indirectos”. Por último, considera imprescindible que se refuerce “la lucha contra el fraude, se permita compatibilizar pensión y trabajo para generar más ingresos públicos, y se lleven a cabo reformas estructurales que aumenten el empleo y la productividad y sirvan para atraer capital humano, de manera que la inmigración retrase el envejecimiento”.

EL MUNDO