Antonio Montero
DIARIO DE SEVILLA

El valor social de la educación obligatoria resulta incuestionable. Solo algunas opciones minoritarias abogan por la educación en casa (homeschooling) pero, a la postre, más que la necesidad y obligatoriedad de la educación se pone en cuestión la instancia que ha de procurarla. Y aunque el debate sobre los asuntos educativos no suele abrirse espacio entre otras apreturas de la actualidad, cierto es también que la educación constituye una referencia bastante opinable porque, de una manera u otra, atañe con carácter general. De modo que ya está sobre la palestra la extensión de la educación obligatoria, en el sistema educativo español, hasta los dieciocho años de edad.

Allá por la mitad del siglo XIX, cuando progresistas y moderados se sucedían en el poder, la Ley de Instrucción Pública (1857), conocida por el apellido de su promotor, Claudio Moyano, consideraba que: «La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres o tutores o encargados enviarán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde la edad de seis años hasta la de nueve; a no ser que les proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas o en establecimiento particular». Adviértase esta referencia final a la «instrucción en sus casas», por distintas que pudieran ser las razones de entonces a las de esta posmodernidad del siglo XXI, para corroborar que no todo es tan nuevo como parece.

En 1970, la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, Ley Villar asimismo por el ministro correspondiente, extiende esa obligatoriedad, con la Educación General Básica (EGB), hasta los catorce años de edad. Y ya a finales del XX, en 1990, la Ley de Ordenación General del Sistema educativo amplía en dos años más, hasta los dieciséis, la educación obligatoria. El incumplimiento de esta, por lo demás, era sancionado: «Los que no cumplieren con este deber, habiendo escuela en el pueblo a distancia tal que puedan los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y compelidos por la Autoridad y castigados en su caso con la multa de 2 hasta 20 reales». La Ley Moyano extendía, a su vez, el tiempo de las lecciones: «Los estudios de la primera enseñanza no están sujetos a determinado número de cursos: las lecciones durarán todo el año, disminuyéndose en la canícula el número de horas de clase».

La ampliación hasta los dieciocho años de edad pudiera parecer, entonces, consecuencia de la evolución de los sistemas educativos, aunque no esté en modo alguno generalizada, pero la naturaleza de su oferta es cuestión principal. Asimismo, la muy alta incidencia en España del abandono escolar temprano -que se produce cuando el alumnado no continúa estudios posobligatorios, tras alcanzar al menos los dieciséis años de edad- también se relaciona con la extensión en años de la escolaridad obligatoria.

Se ha adelantado el carácter crucial de la oferta educativa para esa ampliación y es necesario recordar cómo se estimó con ocasión del aumento de los catorce a los dieciséis años con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, en 1990. Las intenciones fueron las de establecer unas enseñanzas comunes, de naturaleza «comprensiva», con sólo ligeras opciones en los últimos cursos, pero el desarrollo de las mismas contó con discontinuidades manifiestas. Así ocurrió al distribuir las enseñanzas obligatorias en dos tipos de centros (colegios e institutos), con distinto profesorado (maestros en Educación Primaria, profesores en Educación Secundaria Obligatoria) tanto en su formación inicial como en los modelos educativos. A modo de ejemplo, baste considerar que en colegios de zonas rurales, donde todavía se imparten los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, los resultados educativos del alumnado, expresados en calificaciones escolares, son considerablemente más altos que los de los alumnos de esos mismos cursos en institutos.

A su vez, el debate sobre los «itinerarios», como ofertas diferenciadas en los últimos cursos de la educación obligatoria, también contrapone argumentos de «segregación» con otros de responder de mejor manera a la diversidad de intereses, capacidades y aptitudes. Luego, si la obligatoriedad se extiende hasta los dieciocho años de edad -circunstancia por lo demás compleja y costosa-, será necesario disponer la oferta educativa de manera que resulte motivadora y ajustada a las diversas necesidades educativas del alumnado. La obligatoriedad parcial y la posibilidad de formación compartida entre centros de trabajo y centros educativos son, por ello, aspectos de interés. Y, en cualquier caso, si la educación obligatoria no es bastante más que una custodia, perderá el auténtico sentido social que le otorga la formación de ciudadanos como razón de ser.