ANDRÉS BETANCOR
EXPANSIÓN

Las cifras no están nada claras. No hay unanimidad. Y si no la hay, es porque no hay una fuente fiable de datos. La agencia EFE hacía un inventario de las causas abiertas por corrupción. Nos informaba de 1.661 casos abiertos, 302 macroprocesos judiciales en marcha y 14 sumarios abiertos en la Audiencia Nacional. A su vez, la agencia Europa Press, al hacer balance de la lucha contra la corrupción en el año 2014, contaba un total de más de 2.000 imputados, 150 casos abiertos, personalidades políticas y sociales en prisión o acercándose al banquillo y varias macrocausas a punto de llegar a juicio, entre ellas el caso Nóos, parte de la trama ‘Gürtel’, el caso Campeón o el caso Pretoria. Por último, el diario El Mundo habla de 480 implicados, 82 condenados y 28 en prisión. El primer problema de la corrupción o, mejor, de la lucha contra la corrupción, es la ausencia de información objetiva, contrastable y fiable. Esta ausencia magnifica su importancia. No nos puede sorprender que se haya disparado la “percepción” cuando no hay datos que permitan cuantificar, ya no la importancia o magnitud de la misma, sino aquéllos que están siendo investigados por la Administración de Justicia. Creo que un mayor esfuerzo de transparencia en este punto, ayudaría a situar el problema en su real dimensión. Al menos, insisto, en relación con los que están siendo investigados.

Tampoco hay claridad en cuanto al desarrollo de la investigación judicial. Entre los ciudadanos, rige la confusión más absoluta. Se cree que todo aquél que entra en los juzgados, en particular, de la Audiencia Nacional, están de camino hacia la prisión. Muy lejos de la realidad. El caso Nóos es ilustrativo. Un breve repaso de las fechas claves así lo atestigua. Todo comenzó cuando, el día 22 de julio de 2010, el juez instructor del caso ‘Palma Arena’, José Castro, abrió una pieza en la causa, en relación con los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo, dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Cuatro años y cinco meses después, el mismo juez dictó el auto de apertura de juicio oral contra los que aparecen, a su juicio, como responsables de los delitos que ha apreciado. Y todavía queda la vista oral así como la sentencia que se pronuncie en primera instancia sobre los delitos y las responsabilidades. Según parece, tendrá lugar a fines de este año. Más de cinco años después.

El segundo problema es el de la lentitud de la depuración de responsabilidades. En el mismo caso Nóos hemos visto cómo todo se puede ralentizar; cuando cualquier decisión del juez instructor, incluso las que formalmente no pueden serlo, son recurridas ante la instancia superior, la Audiencia. A la dificultad de la investigación de estos delitos, complejos, muy complejos, se suman las dificultades del desarrollo del proceso de instrucción por las infinitas posibilidades de defensa que tienen los inicialmente imputados. Después de tantos años saliendo en el telediario, que la condena sea de unos años, incluso inferior o muy inferior, causa desazón. La lentitud de la instrucción hace prever un castigo mayor que el efectivamente impuesto, si es que efectivamente se impone.

El tercer problema es el de la ejemplaridad. Si los ciudadanos han elevado la corrupción al segundo problema más grave de los que nos acucian, como así lo afirman más del 63% de los encuestados por el CIS, es porque están pidiendo, exigiendo, una solución adecuada y que dé satisfacción a la gravedad percibida. Cuando la pena es avizorada como benévola y, además, se les permite a los corruptos disfrutar con rapidez de unos beneficios carcelarios, es razonable que cunda el desánimo.

La Generalitat de Cataluña es la única que tiene, de todas las comunidades autónomas, transferida la competencia en relación con la administración penitenciaria (que se hizo efectiva por virtud del Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre), que es la que aplica, por ejemplo, los beneficios carcelarios. En los últimos días, hemos conocido dos decisiones que han causado sorpresa e indignación. La concesión por la conselleria de Justicia del tercer grado, por un lado, al exdirector general de Empleo de la Generalitat y excargo de UDC Lluís Gavaldà, que había sido condenado a un año y medio de cárcel por el desvío de subvenciones públicas en la trama del caso Pallerols: sólo ha estado 73 días en prisión. Y, por otra, al constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez Clemente, y a su hijo, que tras haber sido condenados a dos años y dos meses de prisión por sobornar a inspectores de Hacienda en Cataluña sólo han permanecido 38 días en la cárcel.

Y todo esto después de que el Parlament de Cataluña aprobase, el 19 de diciembre, una declaración institucional en la que manifestaba la necesidad de que los beneficios penitenciarios para presos condenados por corrupción política estén “plenamente justificados bajo criterios de humanismo penal” para combatir la sensación de impunidad y evitar agravios con el resto de presos. Estas decisiones y otras alientan la sospecha de que la política contra la corrupción es política y sólo política. Si, además, se suma, en el caso catalán, que los asuntos se eternizan, aquella sensación se incrementa. Por ejemplo, uno de los casos más importantes de corrupción que afecta al núcleo central del nacionalismo, el caso Palau, tiene el triste récord de haber pasado por las manos de seis jueces de instrucción. El sexto es el que sucederá al actual que se jubila. Iniciado en el año 2009, o sea, antes del caso Nóos, todavía no se vislumbra la terminación de la fase de instrucción. A este ritmo, no habrá sentencia, hasta dentro de muchos años más.

IMPUNIDAD

Si esto ha pasado con el caso Palau, ¿qué sucederá con los que afectan a la familia del expresident Pujol? No puede causar sorpresa que más del 82% de los catalanes, según el Barómetro 2014 sobre la corrupción en Cataluña realizado por la Oficina Antifrau de Catalunya, considere que hay mucha corrupción en Cataluña. Este fenómeno, como sucede con tantos otros, son gestionados por el nacionalismo con el mayor de los cinismos. El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha defendido que el ejecutivo catalán ha desplegado las medidas que tiene “a su alcance” para combatir la corrupción, aunque ha subrayado que “no dispone de todas las herramientas necesarias”. Siempre la misma cantinela. Siempre llevando las aguas a su molino. Como si no estuviera en sus manos la administración de los beneficios penitenciarios a los corruptos, precisamente para evitar que cunda entre los ciudadanos la sensación de impunidad. Ya estamos acostumbrados. Todo, al final, se resume en una frase: “Espanya ens roba”. Mientras, cunde la sospecha del proyecto nacionalista de la “República independiente de la impunidad”.

La lucha contra corrupción exige claridad, transparencia y determinación, especialmente en su dimensión territorial. No sólo porque afecta fundamentalmente a las administraciones locales y autonómicas, como hemos conocido hasta ahora, sino porque la respuesta de éstas, como ha sucedido en Cataluña, alienta el desconcierto ciudadano. Menos política y más Derecho, aplicado con diligencia, rectitud y ejemplaridad.

ANDRÉS BETANCOR
EXPANSIÓN