Gumersindo Ruiz
MÁLAGA HOY

Éste es el título de la intensa jornada que vivimos la semana pasada, fruto de una colaboración entre técnicos de los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, otros municipios de Andalucía, profesionales arquitectos y profesores de universidad, coordinados por José Cardador y José María López Cerezo. Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, definió el marco de las discusiones, estableciendo la obligación de los poderes públicos para concretar en la práctica el principio general y ambiguo del derecho a la vivienda; y en esta línea, Marcos Vázquez, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, dijo que la responsabilidad es compartida por ayuntamientos, comunidades autónomas, y gobierno central. De ambas intervenciones se desprendía que las actuaciones están poco coordinadas, y la falta de una figura que permanente una las iniciativas y decisiones dispersas que tanta frustración causan; y también una buena base de datos compartida para tomar decisiones con una información actualizada.

Los expertos en Derecho Administrativo y Urbano Venancio Gutiérrez Colomina y Enrique Flores dieron dos ideas de especial interés. Una, que las condiciones de las viviendas y de su entorno deben garantizarse y exigirse en su caso por los ayuntamientos; por ejemplo, actuando contundentemente contra el ruido que es una auténtica invasión de la intimidad de las casas, y haciendo frente a cualquier forma de degradación del entorno. La rehabilitación y regeneración cobran sentido para hacer efectiva la satisfacción que se espera del derecho a la vivienda. El urbanismo tampoco puede entenderse a corto plazo como una fuente de ingresos municipales, pues esto da lugar a consecuencias irreversibles a largo plazo. La profesora María Luisa Gómez, al repasar la situación de la vivienda social en países de nuestro entorno, enriqueció el debate con experiencias que, en general, se basan en el alquiler, y se desarrollan a lo largo de muchos años.

Los arquitectos Salvador Moreno Peralta y Felipe Castro ampliaron la visión de la función social de la vivienda a proyectos novedosos como las tecnocasas, y viviendas con un espacio para trabajar, que suponen un salto conceptual en unir empleo, vivienda, y regeneración de espacios urbanos. Pero estos proyectos necesitan una voluntad pública para sacarlos adelante, y además, como destacó Rosario Gómez, la realidad de la intervención sobre espacios y edificios es desoladora, por la ineficacia a que lleva la excesiva regulación. Por mi parte, sólo pude aportar, con un moderado optimismo, las posibilidades que se abren a la financiación con el nuevo crédito bancario, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, y las recientemente reguladas plataformas de financiación participativa. Como valor añadido a las ideas que surgieron de la jornada y las experiencias compartidas, encontré una confirmación gratificante de que muchas personas pertenecientes a la función pública siguen tomando iniciativas. Éste es un valor poco reconocido, pero que explica cómo se mantienen las instituciones y los servicios públicos pese al entorno adverso en que vivimos.