Editorial

EXPANSIÓN
La inseguridad jurídica que generan las numerosas sentencias judiciales que contradicen aspectos básicos de la reforma laboral aumenta la urgencia de que el Gobierno emprenda una revisión de la norma para aclarar los aspectos puestos en cuestión por los magistrados y hacer más predecible la actuación judicial en el futuro. Se trata de una demanda creciente entre empresas y expertos por las consecuencias perniciosas que conllevan estas decisiones controvertidas sobre los costes salariales y las relaciones laborales de miles de compañías. Es incuestionable que uno de los principales objetivos de la reforma aprobada hace tres años, como era reducir la judicialización de los conflictos entre las empresas y sus trabajadores, no sólo no se ha conseguido, sino que ha aumentado el recurso de las partes al amparo judicial y, con ello, la incertidumbre regulatoria, debido a la discrecionalidad con que los jueces vienen interpretando la norma. Una distorsión que genera preocupación incluso en el seno del Ejecutivo, según admitió recientemente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que los juristas atribuyen a la manera en que está redactada la reforma, que da pie a interpretaciones en apariencia contradictorias. Aunque el Tribunal Constitucional avaló esta norma el pasado mes de julio, posteriormente varios tribunales superiores de justicia autonómicos, la Audiencia Nacional y hasta el Tribunal Supremo han modulado la aplicación de algunos de sus preceptos. Entre ellos, el fin de la prórroga indefinida de los convenios vencidos, la reducción de las indemnizaciones por despido improcedente, el periodo de prueba incluido en el contrato de apoyo a emprendedores, la obligación de que la reducción de jornada deba adecuarse a los intereses de la empresa o la delimitación del papel de los jueces en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, restringido por la reforma a la mera comprobación de las causas alegadas por las empresas. Tamaño cuestionamiento, que algunas voces consideran una suerte de contrarreforma judicial, constituye una involución casi completa al marco laboral existente antes del año 2012. Ello, unido a la promesa electoral de partidos políticos como PSOE o Podemos de derogar por completo esta reforma en caso de llegar al poder, debería mover al Gobierno a incorporar, más pronto que tarde, las adendas necesarias para delimitar la capacidad de interpretación de los jueces y garantizar a las empresas la flexibilidad prometida en sus relaciones laborales.
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