Rafael Navas
EL ECONOMISTA

En el BOE del 23 de marzo se publica un Decreto-ley y varios Reales Decretos: el primero autoriza una oferta de empleo público extraordinaria y los segundos concretan la oferta de empleo ya autorizada por el Presupuesto de 2015.

Dejando al margen que una vez más se utiliza el Decreto-ley al poco tiempo de haber aprobado la Ley de presupuesto, parece que en todas esas normas hay un moderado aflojamiento de las tiendas del gasto en personal que, bien sea en cuerpos especializados en el mismo control del gasto, en la persecución de fraude o en la administración de justicia, bien sea con carácter excepcional en algunos sectores del resto de la Administración general, se justifica ahora por la mejora económica. Y precisamente también en la necesidad de mantener el control de gasto y luchar contra el fraude. La incorporación de este personal se producirá en un sector público cuya reforma parece seguir avanzando, aunque cabe guardar algunas reservas sobre su verdadera velocidad.

Ya se han publicado dos informes anuales de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas: el de 2013 era un Informe Anual de Seguimiento: el de 2014, un Informe Anual de Progreso. De ambos se desprende un cierto grato de complacencia, a pesar de que en el último se afirma que, entre la Administración autonómica y la local, sin contar las propias instituciones como es lógico, aún quedarán al final de la reforma más de 6.000 entidades dependientes.

Sin perjuicio de que los datos no concuerdan con el Inventario de Entes del Sector Público (Invente – el acrónimo se las trae-) de la Intervención General del Estado, que contabiliza más de 10.000 a 31 de diciembre de 2014, lo cierto es que a muchos les sigue pareciendo un sector público difícil de sostener y que absorbe demasiados recursos. Además, la obtención de estos recursos presenta, por decirlo suavemente, algunos defectos de proporción y equilibrio.

Pero en la pasada campaña electoral no aparecían estos asuntos, lo mismo que tampoco se conocen las grandes orientaciones de cada partido sobre el tipo y el tamaño de las Administraciones locales que se proponen para la ya inminente próxima campaña. A la gente tampoco parece que estos temas le susciten especial inquietud. En cambio, otra gente parece echar de menos los revolucionarios y gaditanos tiempo en que eran ciudadanos y, mientras recupera esa condición, manifiesta un cierto desapego y alejamiento. no es seguro que sea para bien.

Rafael Navas
EL ECONOMISTA