Juan M. Marqués Perales
DIARIO DE SEVILLA
Juan Marín mantiene que ni PP ni PSOE están legitimados por sus casos de corrupción

Ciudadanos quiere presidir la comisión de investigación del fraude de los cursos de formación, y es posible que lo consiga, si tal como parece, el PSOE le apoya, ya que ambos suman una mayoría absoluta en el Parlamento. El líder de Ciudadanos, Juan Marín, explicó ayer en la Cámara que desea esta función y considera que tanto el PP como el PSOE están inhabilitados por que ambos arrastran otros casos de corrupción. Ciudadanos también esgrime el acuerdo que, sobre esta materia, firmó con el PSOE. Sin embargo, tanto el PP como IU sospechan que, de este modo, Ciudadanos controlaría la comisión para no perjudicar en exceso al PSOE. El más claro fue el portavoz de IU, José Antonio Castro, quien dijo: «No me huele bien». Poco después, esta federación se ofreció a presidir la comisión por su experiencia.

La de los ERE fue dirigida por su parlamentario Ignacio García, que hizo un buen papel, aunque el voto conjunto del PP y del PSOE destrozó su propuesta de conclusiones hasta convertir el dictamen en un relato zombie que IU no respaldó. El portavoz del PP, Carlos Rojas, advirtió del «paripé» que puede estar organizando Ciudadanos y lo comparó con el que, en su opinión, hizo IU, y es que esta formación se opuso a extender las responsabilidades políticas a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El paso de Ciudadanos también ha molestado a Podemos.

Teme «una comisión blanda». Su líder, Teresa Rodríguez, mostró su «escepticismo» por otro hecho, pero que también apunta a un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Y es que se han presentado dos propuestas de comisión, una de Ciudadanos y otra del PP, prácticamente iguales, pero los socialistas apoyarán, aunque sea con una abstención, a la del grupo de Juan Marín. Realmente, no hay diferencias, son idénticas, pero el PSOE no quiere apoyar una comisión que viene de manos del PP aunque su naturaleza sea la misma de la de Ciudadanos. Tal como se expresó José Antonio Castro, de IU, que se apruebe una u otra es «irrelevante» porque son «idénticas», pero sí define una intencionalidad, y es lo que levanta las sospechas de Podemos. Así, si el PP propone que la comisión abarque hasta el año 2014, la de Ciudadanos dice hasta la actualidad. El Pleno del Parlamento aprobará la próxima semana la creación de la comisión.

Según Juan Marín, ésta tendría que realizar los trabajos en el mes de octubre para que no se solapase con la campaña electoral. Sin embargo, esto parece imposible, de no ser que la comisión sea un puro trámite. Una vez aprobada en el Parlamento, debe publicarse en el BOJA durante siete días, después los partidos eligen a sus representantes, éstos al presidente y, a la vez, se abre un periodo para consensuar un plan de trabajo, después, es el turno de las comparecencias. En el caso de los ERE, entre la aprobación en el Parlamento y el inicio de las comparecencia, que fue en agosto, transcurrió cerca de dos meses. Cabe otra opción, y es que la comisión comience sus trabajos y las comparecencias, que es el hecho mediático que puede entrar en colusión con la campaña, se aplace a mes de enero, una vez pasadas las generales. Hay que tener en cuenta que sólo la recopilación de la documentación puede llevar 15 días. No obstante, PSOE y Ciudadanos suman una mayoría absoluta, con lo cual podrían imponer sus tesis al resto de la oposición. Si hubiera un acuerdo total, cosa que es poco probable, les bastaría para decidir las comparecencias e, incluso, redactar el dictamen final. A pesar del deseo que ha mostrado Juan Marín, la presidencia de una comisión de estas características se asemeja al perfil de una navaja, tanto desde el Gobierno como desde la oposición se intentará controlar la escena, que en ocasiones termina por ser lo más importante.