EL MUNDO

Montoro culpa a las CCAA de la desviación del déficit y amenaza con sanciones

La desviación del objetivo de déficit en 2015 por parte de 14 comunidades ha vuelto a poner el foco en el sistema de financiación autonómica y en las quejas sobre la insuficiencia de los recursos, pero también sobre los instrumentos que tiene el Gobierno para garantizar la consolidación fiscal.

Ante esta brecha en las cuentas públicas, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avisado a las autonomías incumplidoras de que se aplicará estrictamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,empezando por limitar el gasto.

La primera medida adoptada ha sido el envío por parte de Montoro de una carta instando a las comunidades incumplidoras a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de gasto, de manera que no aumenten el gasto más allá del potencial crecimiento de la economía. Es decir, que no lo suban más del 1,8%.

Poco más, de momento, teniendo en cuenta que el Gobierno está en funciones, según admitió el propio Montoro en la rueda de prensa en la que dio a conocer los datos de déficit de 2015, el pasado jueves.

No obstante, lo cierto es que la ley permite al Ejecutivo ir mucho más lejos, incluso llegar a la intervención de una comunidad.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, contempla una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas para asegurar el equilibrio de las cuentas.

Así, introduce un mecanismo automático de prevención para garantizar que no se incurre en déficit estructural al final de cada ejercicio y otro de alerta temprana, con una advertencia que permitirá que se anticipen las herramientas necesarias de corrección en caso de que se aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto.

Contempla igualmente medidas automáticas de corrección, de forma que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda, como para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios, según recoge la ley.

Si no se presenta un plan económico-financiero o si se incumple, la administración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos y constituir un depósito.

Llegado el caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podría crear una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada, que debería presentar una propuesta de medidas de obligado cumplimiento y sus conclusiones se harían públicas en una semana.

Al amparo del artículo 155 de la Constitución, la normativa recoge la posibilidad extrema de que el Gobierno central adopte medidas para obligar al cumplimiento forzoso de los requisitos necesarios para cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea.

Requiere, eso sí, la aprobación por mayoría absoluta del Senado, pero faculta al Gobierno para suspender una autonomía y dar instrucciones a todas las autoridades de esa comunidad. Se trata de una posibilidad a la que Montoro, de momento, no quiere llegar.