Almudena Vigil
EXPANSIÓN
Prácticamente la mitad de los recursos de inconstitucionalidad planteados en 2014 tuvieron que ver con ‘trifulcas legales’ entre las dos comunidades autónomas y el Estado, según la memoria anual del TC

Los encontronazos entre el Gobierno central y determinadas Comunidades Autónomas tienen un efecto directo en la actividad del Tribunal Constitucional (TC). Prueba de ello es que, de los 60 recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron en 2014, prácticamente la mitad de ellos estuvieron relacionados con trifulcas entre Cataluña y Andalucía con el Estado.

Así figura en la memoria anual del TC, que regoce que el Gobierno catalán impugnó 11 leyes del Estado el año pasado (cuatro menos que en 2013), y Andalucía hizo lo propio con otras ocho, el doble que un año antes. Por su parte, el Gobierno llevó ante el Constitucional cinco normas catalanas y una andaluza.

En cuanto a las resoluciones dictadas, el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, destaca la sentencia del 25 de marzo de 2014 que resolvió el recurso del Gobierno contra la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña aprobada por el Parlamento regional.

En su opinión, con esta sentencia el Pleno respaldó, sin quiebras y de forma unánime, «una interpretación prudente y flexible» de la Constitución y, en ejercicio de sus competencias, defendió los límites y procedimientos que, de acuerdo con la Carta Magna, «conforman el contexto insoslayable en el que ha de operar la política, recordando, además, el carácter central del deber de lealtad constitucional».

Pese al inevitable tinte político de estos asuntos, este órgano judicial niega cualquier influencia externa y reivindica su independencia. En este sentido, Pérez de los Cobos asegura que precisamente con la sentencia antes mencionada se ha demostrado que el TC «no es un órgano político, sino jurídico, que su misión es preservar los límites que impone la Constitución, sin sustituir a nuestros representantes políticos en su tarea y que, por delicada que sea la cuestión que se plantee, su ámbito de decisión se mueve siempre dentro de las fronteras del Derecho».

Defectos de las demandas

Más allá de estas cuestiones ligadas a la actualidad política, la mayor parte de la actividad del TC está vinculada a los recursos de amparo planteados por los ciudadanos, que suponen el 97,2% de los asuntos que ingresan en este órgano judicial. En este ámbito, llama la atención que el 98,9% de los recursos de amparo que se presentan no prosperan y la principal causa es «por defectos de la demanda» (el 65%).

En los poquísimos casos en que sí se admitió a trámite el recurso, apenas la mitad de las 109 sentencias dictadas otorgó el amparo a los demandantes. No obstante, la lectura que hace el tribunal de estos datos es que «la Justicia ordinaria cumple de forma eficaz la función que las leyes le atribuyen en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, quedando el amparo ante el TC como recurso de naturaleza subsidiaria».

La memoria muestra otros datos, como que el número de nuevos recursos ingresados en 2014 (7.878) creció un 4%, se mejoró la productividad en un 11,6%, bajó el número de asuntos pendientes un 5% y se disparó un 33% la cifra de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por órganos judiciales.