La Comisión Europea tiene claro dónde hay que recortar. En el sector público y las pensiones. En su expediente contra España, critica la rebaja de impuestos de Rajoy

La decisión de la Comisión Europea de iniciar el expediente sancionadorcontra España por incumplir los objetivos de reducción del déficit público apunta en una doble dirección: la reforma del sector público, que considera insuficiente, y el sistema de pensiones, que ha generado un cuantioso déficit.

Bruselas, en concreto, cuestiona la eficacia de las medidas de saneamientodel sector público aprobadas por el actual Gobierno en funciones, al tiempo que critica la rebaja de impuestos aplicada en 2015, y que ha tenido un carácter expansivo, lo que ha contribuido a frenar la bajada del déficit público.

En concreto, cita la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades. Además de la restitución parcial de las pagas extraordinarias de Navidad anteriormente retiradas, a lo que hay que añadir la tendencia al alza del gasto debido al envejecimiento de la población. La UE, en este sentido, apunta a una de las promesas de Mariano Rajoy en las elecciones, la de bajar impuestos, algo que nunca ha gustado a Bruselas, ni antes ni ahora, porque no hay margen presupuestario.

La Comisión considera que los ingresos imprevistos, sobre todo en 2015, “no se utilizaron para acelerar la reducción del déficit”. De hecho, continúa, se relajó la política presupuestaria, en particular mediante una reforma fiscal y un crecimiento dinámico del gasto. Es decir, en línea con lo que viene advirtiendo la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) casi desde su fundación, y que ayer mismo vivió otro episodio más. Según el organismo que dirige José Luis Escrivá, seis comunidades autónomas corren el riesgo de incumplir nuevamente los objetivos de déficit este año (ver gráfico).

En su duro argumentario para justificar una posible sanción (que, en todo caso, no llegaría hasta otoño), Bruselas recuerda que no se trata de un asunto nuevo. Todos y cada uno de los dictámenes de la Comisión sobre los proyectos de planes presupuestarios de España para 2014, 2015 y 2016 concluyeron que España corría el riesgo de no cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PESC). En particular, la Comisión apuntaba a riesgos relacionados con el hecho de que el esfuerzo estructural previsto (sin tener en cuenta el ciclo económico) en los planes era inferior al escenario recomendado por el Consejo.

La Comisión Europea, incluso, considera que también existe el riesgo de incumplir el plazo para la corrección del déficit excesivo este año, “dado el aún significativo exceso sobre el 4,2% del PIB que se preveía para el objetivo intermedio del saldo presupuestario en 2015”.

Saldo estructural

En concreto, y según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión Europea, la variación del déficit estructural en 2015 se estima en el -1% del PIB, muy por debajo del 0,8% del PIB recomendado por el Consejo. La variación acumulada del saldo estructural durante el periodo 2013-2015 ascendió al 0,6% del PIB, es decir, muy por debajo del 2,7% del PIB recomendado por el Consejo.

A la UE, como se sabe, le preocupa más el saldo estructural que el nominal, toda vez que este está determinado por la evolución de la inflación. Como recuerdan los servicios técnicos de la Comisión, el esfuerzo presupuestario fue del -0,5% del PIB en 2015, pero es que en el periodo 2013-2015, “no parece haber ningún esfuerzo”, pese a haberse recomendado reducciones del 1% y del 3% del PIB respectivamente.

La CE achaca el desvío del déficit español en parte a la reforma fiscal

La conclusión de Bruselas es evidente. “España”, sostiene, “no ha alcanzado el objetivo intermedio de déficit global en 2015, y no se prevé que ponga fin a su déficit excesivo en 2016”. El ajuste presupuestario previsto por el Gobierno, concluye, “queda muy por debajo de las recomendaciones del Consejo, e, incluso, se relajó en 2015”.

La normativa comunitaria establece que si el Consejo adopta una decisión al amparo del artículo 126 del Tratado de la UE, la Comisión estájurídicamente obligada a presentar una propuesta de multa y de suspensión de los compromisos de una parte de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el país de que se trate. En este caso, España (además de Portugal, que sigue un camino parecido).

En el reglamento aplicable se establece la suspensión de los fondos y los importes máximos de esta multa, que pueden reducirse si ello estuviera justificado. Y que en todo caso no puede ser superior al 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros).

En relación con la multa, en particular, la Comisión “podrá recomendar” que el Consejo reduzca su importe o la anule completamente, algo que ayer insinuó repetidamente Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos.

Sin duda, por la existencia de una especie de pacto bajo cuerda (cerrado en la última cumbre del FMI en Washington) que existe entre Francia y España, respaldado por Italia, y que Alemania y los países de norte niegan.

El propio Moscovici lo dejó ayer claro. “Puede haber sanciones o puede no haberlas”. Algo que quiere decir, en román paladino, que puede haber sanciones “no punitivas”, según el comisario de finanzas de la UE, a quien le gusta hablar de“sanciones inteligentes”. Una forma suave de evitar la vía dura en un contexto complicado, como es la influencia del Brexit sobre la economía europea. Y que hay que entender en clave de “hoy por ti y mañana por mí”.

La ‘no sanción’ puede ocurrir en caso de “circunstancias económicas excepcionales” o a raíz de una “solicitud motivada” del Estado miembro, que debe presentarse a la Comisión en un plazo de 10 días a partir de la adopción por parte del Consejo de su decisión, con arreglo al artículo 126, apartado 8.

En cuanto a los fondos de la UE, la Comisión está jurídicamente obligada a proponer la suspensión de una parte de los compromisos contraídos en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el año siguiente. Cuando se haya considerado que los Estados miembros han vuelto a cumplir plenamente el pacto, incumbirá únicamente a la Comisión levantar la suspensión. Mientras tanto, toca negociar.

EL CONFIDENCIAL