Entiende las críticas de los sectores más afectados, pero señalan que “no puede ni debe verse como un juego de suma cero”

En medio de la guerra que los Gobiernos de medio continente tienen abierta contra Airbnb, Uber y decenas de aplicaciones similares, la Comisión Europea dio el jueves un importante paso adelante posicionándose claramente en favor de la economía colaborativa y dejando claro que no se pueden poner puertas al campo.

“Una economía europea competitiva requiere innovación, ya sea en el sector de los productos o en el de los servicios. El próximo unicornio europeo podría derivar de la economía colaborativa. Nuestro papel es fomentar un entorno reglamentario que permita el desarrollo de los nuevos modelos de negocio, y, al mismo tiempo, proteja a los consumidores y garantice una fiscalidad justa y unas condiciones de trabajo equitativas”, aseguró en Bruselas Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión y responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.

En el último año Bruselas ha dejado patente que ve con malos ojos la cruzada de los Ejecutivos contra las representantes más punteras de la llamada economía colaborativa. Entiende las críticas de los sectores más afectados, pero Katainen señaló que “no puede ni debe verse como un juego de suma cero”. La posición oficial del equipo de Jean-Claude Juncker es que es absurdo pensar que estos servicios y proveedores van a desaparecer. Se pueden regular, se puedan encauzar pero no eliminar. Y por eso, y porque cubren claramente una demanda de la población, es mejor si la Comisión toma las riendas.

Ayer los comisarios hicieran pública la Agenda Europea para la economía colaborativa, una serie de directrices, de “orientaciones”. Nada concreto, nada regulado, nada impuesto. Una serie de pistas y consejos que dejan ver las preferencias comunitarias y marcan una senda para os próximos años.

“A medida que se afianza en la UE, las autoridades nacionales y locales abordan la situación con un mosaico de diferentes medidas reglamentarias. Este fragmentado enfoque de los nuevos modelos de negocio genera incertidumbre entre los operadores tradicionales, los nuevos proveedores de servicios y los consumidores por igual y puede obstaculizar la innovación, la creación de empleo y el crecimiento”, explica la Comisión.

¿Qué tipo de orientaciones?

A nivel administrativo, por ejemplo, recomienda que “los prestadores de servicios solo deberían estar obligados a obtener autorizaciones o licencias cuando sea estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de interés público pertinentes”.

Es decir, facilidades, eliminación de barreras de entrada y facilidad para los trámite online. Pero aún más importante, el equipo de Katainen y la comisaría Elzbieta Biekowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, apunta un principio esencial: “las prohibiciones absolutas de una actividad solo deberían imponerse como último recurso. Las plataformas colaborativas no deben estar sujetas a autorizaciones o licencias si solo actúan como intermediarios entre los consumidores y aquellos que ofrecen el servicio en cuestión (por ejemplo, servicios de transporte o de alojamiento).

Para ello, apunta Bruselas, las autoridades nacionales deben hacer un trabajo de facilitación y de control. “Los Estados miembros también deberían diferenciar entre los ciudadanos que ofrecen un servicio de manera ocasional y los proveedores que actúan como profesionales, por ejemplo, mediante el establecimiento de umbrales basados en el nivel de actividad”.

Un elemento crítico que ha sido usado desde el primer día por los servicios tradicionales y las empresas, hoteles o taxistas es el de la tributación. Acusan a los beneficiarios de la economía colaborativa de no pagar impuestos como hacen ellos.

La Comisión, para ello, “anima a los Estados miembros a que sigan simplificando y clarificando la aplicación de las normas fiscales a la economía colaborativa”. Y en caso de problemas, sugiere que “las plataformas pueden quedar exentas de responsabilidad por la información que almacenan en nombre de los que ofrecen un servicio. Sin embargo, no deberían quedar exentas de responsabilidad por los servicios que ofrecen ellas mismas, por ejemplo, servicios de pago”.

Las guías publicadas el jueves también ponen deberes a las empresas. La Comisión anima a las plataformas colaborativas “a que sigan adoptando medidas voluntarias para luchar contra los contenidos ilegales en Internet y para aumentar la confianza”.

Y exige que los Estados miembros garanticen que los consumidores gocen de un “alto nivel de protección con respecto a las prácticas comerciales desleales, sin imponer obligaciones de información desproporcionadas a los particulares que únicamente presten servicios de manera ocasional”.

Efectos secundarios

Katainen, responsable de fomentar el empleo, es consciente de que uno de los efectos secundarios, en el mejor de los casos, de ciertas actividades puede ser la precarización del empleo o la institucionalización de falsos autónomos. O caso como el de Uber en EEUU, donde la empresa y los conductores pelean por el tipo de relación laboral.

“El Derecho laboral es, en gran parte, competencia nacional; complementan la jurisprudencia y unas normas sociales mínimas a escala de la UE. Los Estados miembros pueden desear tener en cuenta criterios como la relación de subordinación a la plataforma, la naturaleza del trabajo o la remuneración a la hora de decidir si puede considerarse a una determinada persona como trabajador de una plataforma”, recomienda ahora la Comisión.

Bruselas ha trato de evitar grandes titulares pero su toma de posición es muy clara. No quiere enfadar, o no demasiado, a unos sectores movilizados y muy críticos. Pero su petición a los Gobiernos es directa: umbrales para diferenciar los ingresos de individuos que proporcionen servicios de forma puntual y profesionales. Trabajar de la mano con las plataformas para tener registros de la actividad económica y facilitar la recaudación de impuestos. No exigir autorizaciones precia para el alquiler temporal y de corta duración de la primera vivienda. O revisar las restricciones en el sector del transporte, así como el acceso al mercado de nuevos operadores.

EL MUNDO