Bruselas cancela la multa a España, pero le congela fondos europeos

El bloqueo político de España por los partidos políticos presentes en el Congreso hace perder la paciencia a Bruselas. La Comisión Europea advirtió ayer que no admite como excusa la incapacidad de los grupos políticos para ponerse de acuerdo y que, como en el caso del resto de los Estados miembros, espera para el próximo 15 de octubre un proyecto de presupuestos generales que refleje los objetivos de reducción del déficit que exige Bruselas.

El problema español para cumplir como el resto de Estados miembros es que no hay Gobierno capaz de ver aprobado por las Cortes un proyecto de cuentas públicas para 2017. Si nada ataja la agenda prevista, la designación de un interlocutor plenamente autorizado con Bruselas podría demorarse cuatro meses.

Mientras tanto, en el Gobierno en funciones, que ya evitó en julio una multa equivalente al 0,2% del PIB o 2.000 millones de euros por incumplir objetivos, ensaya fórmulas intermedias.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó ayer que comparecerá en las próximas semanas en el Congreso para explicar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 que enviará a Bruselas antes del 15 de octubre. Además, en un plazo de 10 días, el Gobierno también pretende en la cumbre de Bratislava, que reunirá a los líderes de todos los países de la Unión Europea, excepto del Reino Unido, la actual situación política en España y la necesidad de prorrogar las cuentas públicas de 2016. Guindos explicó que la prórroga de los Presupuestos incluirá el nuevo cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno en funciones que contempla un crecimiento del PIB del 2,9% para 2016 y del 2,3% para 2017, así como unos objetivos de déficit público del 4,6% del PIB para este año y del 3,1%

Precisamente ayer, la agencia de calificación Moddys puso en duda estas estimaciones al rebajar el crecimiento del PIB español para 2017 al 2% y asegurar que se incumplirán los objetivos de reducción de déficit que presenta Guindos.

Otras fórmulas posibles pasarían por aprobar un techo de gasto de las administraciones públicas ahora, en línea con las exigencias de Bruselas de reducir el déficit público al 3,1% en 2017, y ganar tiempo hasta que se pueda dilucidar si un nuevo Gobierno antes de fin de mes se encarga de la elaboración de los Presupuestos.

Se trata del mismo procedimiento excepcional al que se recurrirá para presentar un decreto que modificará la norma sobre el Impuesto de Sociedades para obtener más ingresos adelantando de nuevo pagos fraccionados. Este techo de gasto debería ser aprobado luego por las Cortes y no podría ser modificado por el nuevo Ejecutivo.

EL MUNDO