EXPANSIÓN

Catalá ha dado un giro a la responsabilidad penal de la empresa, que quedará exenta si adopta programas de prevención y suprime el delito del administrador que no hubiera implantado medidas preventivas
El Pleno del Congreso aprobó ayer la reforma del Código Penal con el único apoyo del PP. La oposición consideró que se trata de una norma regresiva por el aumento “generalizado” de las penas y la introducción de la prisión permanente revisable y criticó su “caótica” tramitación. En lo que respecta a la responsabilidad penal de la empresa, el ministro Rafael Catalá ha dado un giro de 180 grados respecto al proyecto que preparaba Alberto Ruiz-Gallardón. Así, las empresas que adopten programas de prevención quedarán exentas de la responsabilidad penal de la persona jurídica que contemplaba el Código de 2010, lo que en la práctica puede suponer una exención generalizada. La ley aprobada ayer también suprime el nuevo delito que tipificaba la reforma del exministro para el administrador que no implementara planes de prevención, con lo que juristas consultados destacan que el proyecto mejora la seguridad jurídica para empresas y administradores. Catalá subrayó ayer que la reforma es “un mejor instrumento” para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Además, las más de 90 aportaciones de Catalá tipifican numerosos delitos que puede cometer un funcionario o quien trata de corromperlo y endurecen las penas por financiación ilegal de partidos políticos de acuerdo con las nuevas medidas de regeneración democrática que ha presentado el Gobierno (ver informaciones adjuntas). Este giro copernicano sobre la responsabilidad penal de las empresas, que creó la reforma de 2010, aclara y suaviza el marco legal, que prevé multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido en el delito o de 5.000 euros diarios durante cinco años, a los que añadir la disolución, la suspensión de las actividades, la clausura de locales, la prohibición de realizar actividades relacionadas con el delito, la inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, y la intervención judicial. El nuevo apartado vigésimo de modificación del artículo 31 bis dicta que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio, por sus representantes legales o por aquéllos que actuando individualmente o como integrantes de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en su nombre”. Esta responsabilidad puede ser atenuada en el Código Penal vigente si la empresa tiene un plan de prevención. Lo que dice ahora la reforma es que la empresa quedará exenta “si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. Esta aclaración reviste gran importancia para las empresas porque la norma actualmente en vigor obliga a que el plan tenga éxito, ya que su existencia sólo atenúa la pena. Un defecto del Código Penal de 2010 es que no detalla cómo deben ser los planes de prevención. Pero el nuevo Código sí concreta seis puntos que deben cumplir: identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos; establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de su ejecución; dispondrán de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos; impondrán la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento; establecerán un sistema disciplinario, y realizarán una verificación periódica. Este plan, por lo tanto, conlleva la creación de un organismo encargado de su cumplimiento que no será obligatorio para las pymes Además, la nueva norma subraya que habrá responsabilidad penal sólo en el caso de que el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido carácter “grave” e insta a dejar el régimen penal para delitos como corrupción de menores y soborno y a desarrollar un régimen sancionador administrativo para las empresas.
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