S. Alcelay/ A. R. Vega
ABC
La región tuvo que devolver al Estado 227 millones el año pasado por no utilizar los fondos para el empleo y este año ocurrirá lo mismo

La tasa de paro de Andalucía roza el 32%, seis de sus ocho provincias no bajan del 30% y alguna, como Cádiz, está a la cabeza de las provincias de España en desempleo con un 37,18% de la población activa. Sin embargo, la comunidad que preside Susana Díaz tienen paralizados los cursos de formación desde el año 2011, lo que hace más difícil que los 1,28 millones de desempleados que registra puedan formarse y encontrar un empleo.

Las políticas de empleo no están funcionando en esta región, pese a ser la que más fondos recibe cada año del Estado, mientras se siguen sucediendo los escándalos e irregularidades en el uso de los fondos públicos que recibe. En las investigaciones abiertas por la Justicia es en lo que se escuda la Junta para justificar la parálisis de los cursos, que se ha comprometido a reactivar en 2016, con una partida ya consignada en los Presupuestos de 207 millones de euros.

El último año liquidado es 2013. En ese ejercicio, el Servicio Público de Empleo Estatal distribuyó 1.342 millones entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. El mayor montante, como sucede año tras año por el alto volumen de desempleo, fue destinado a Andalucía, que recibió 298 millones. Dado que apenas justificó el 24% de los fondos recibidos perdió el 72,30% de las ayudas públicas transferidas. El Ejecutivo tan solo le pagó 37,4 millones. Es decir, 22 7 mill ones menos, una cantidad mayor de la que tiene previsto gastarse en 2016. Este ejercicio volverá a ocurrir lo mismo. A 30 de septiembre, Andalucía ha sido la única región de España que no ha rendido cuentas al Ministerio de Empleo sobre los fondos recibidos por el Estado, según las fuentes consultadas por ABC. Y, aunque tiene de plazo hasta diciembre, todo apunta a que no lo hará, teniendo en cuenta que no ha impartido formación ni el pasado año ni este. En 2014, el último ejercicio dotado económicamente, Empleo distribuyó entre las regiones 1.236 millones de euros y de ellos un total de 271 millones fueron para la región que dirige Díaz.

La política que se sigue en el control de estos fondos obliga a que cada región justifique en qué ha gastado l os recursos públicos recibidos, lo que año tras año no hace la región andaluza. En 2014, el año sobre el que las regiones tienen que rendir cuentas ahora, el 40% de los fondos se condicionaron a los resultados obtenidos en la lucha contra el paro y durante este ejercicio esa proporción ascenderá al 60%, es decir, que seis de cada diez euros estarán vinculados a hacer bien las cosas.

Los escándalos de la formación salpican a Andalucía desde 2008. Ante las primeras sospechas que planean sobre la gestión de estos recursos, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, traspasó las competencias sobre la formación de la Consejería de Empleo a la de Educación y el reparto de subvenciones se paralizó.

Carlos Cañavate, que entonces era director general de Formación para el Empleo en la Junta, relató a la Guardia Civil en julio de 2014 que desde 20076 habían llegado ingentes cantidades procedentes del Fondo Social Europeo y no daban abasto para comprobar si las acciones formativas se llevaban a cabo. La ley estipula que para dar una nueva subvención a una entidad, ésta tiene que haber justificado otras ayudas anteriores. Para no perder los fondos, el Gobierno andaluz exoneró a los beneficiarios del deber de presentar facturas acreditativas de los gastos en tiempo y forma. La Junta convirtió en regla una medida excepcional que contempla la ley por motivos de «especial interés social» para seguir dando ayudas. Entre 2008 y 2011, según datos de la Administración, 1.162 entidades se libraron de justificar los fondos recibidos.

18 juzgados investigando

En abril de 2014, la Policía destapó un millonario fraude de los cursos para parados en torno a las empresas que recibieron ayudas con compromiso de contratación de los alumnos participantes.

La juez Mercedes Alaya inició unas diligencias tras advertir en un auto que el Gobierno andaluz había entregado 950 millones en subvenciones desde 2008 que están sin justificar gracias a las exoneraciones masivas firmadas por los exconsejeros andaluces de Empleo Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio. Los tres están hoy imputados por prevaricación y malversación de fondos públicos.

Desde 2013, el juzgado de instrucción 9 de Sevilla investiga el supuesto desvío sistemático de fondos de formación mediante la confección de facturas falsas, la creación de «botes», el cobro de comisiones a proveedores de confianza y el autoalquiler de aulas formativas a un entramado de sociedades administradas por el propio sindicato.

Las pesquisas judiciales han alcanzado también a la patronal CEA, el sindicato CC.OO., la fundación pública Faffe y a varios entramados empresariales, como el del exconsejero Ángel Ojeda o el antiguo número dos del PSOE-A Rafael Velasco, que dimitió en 2010 al destaparse que la academia de su mujer había recibido 730.000 euros en ayudas.

La Junta de Andalucía tiene consignados 239,7 millones de euros en sus presupuestos de 2016 para le programa 32D, denominado de Formación para el Empleo, si bien parte de estos fondos se destinan a gastos de personal y de funcionamiento.