Editorial
EXPANSIÓN

Dentro de las medidas de control financiero de las comunidades autónomas aprobadas en los últimos años por el Ministerio de Hacienda para evitar nuevos desfases sobrevenidos, resulta lógico poner el foco sobre la concesión de créditos y avales a empresas. Estas operaciones se dispararon tras la llegada de la crisis, muchas orientadas a evitar la quiebra de empresas locales que afrontaban una severa estrechez financiera, pero otros tantos créditos se concedieron sobre la base de criterios eminentemente políticos y han acabado por ser inversiones ruinosas. Baste recordar los avales otorgados por la Generalitat catalana para que varias empresas públicas inyectaran capital en Spanair con el objetivo de convertirla en una especie de “aerolínea de bandera” de Cataluña (lo cual no evitó su posterior quiebra), los que concedió la Generalitat valenciana a la Fundación del Valencia Club de Fútbol (cuya ejecución solicitó Bankia para saldar la deuda contraída por el equipo ché) o los aprobados por el Gobierno murciano a la concesionaria que logró la adjudicación del nuevo aeropuerto regional, que a pesar de llevar construido más de dos años aún no ha sido inaugurado.

Las consecuencias de éstas y otras apuestas empresariales fallidas de las comunidades autónomas son visibles en sus cuentas públicas. La mayoría de esas ejecuciones ha acabado por engrosar los ya de por sí abultados déficits de los gobiernos regionales. De hecho, Cataluña, Valencia y Murcia son las tres autonomías que han sobrepasado año tras año los topes presupuestarios fijados por Hacienda. Es más, los gobiernos catalán y murciano llegaron incluso a incrementar su desequilibrio presupuestario a finales del año pasado respecto al acumulado a cierre de 2013.

Los problemas financieros no atañen sólo a estas regiones, ya que trece de ellas superaron durante el pasado ejercicio sus límites de déficit a pesar de las numerosas medidas de apoyo económico dispuestas por Hacienda, lo que, sin embargo, ha disparado su endeudamiento. De ahí que el Gobierno central, a cambio de ofrecer la liquidez que necesiten las autonomías para mantenerse a flote, haya estrechado la vigilancia sobre sus finanzas. No serían admisibles nuevas desviaciones, por lo que la obligación de que en adelante los avales autonómicos a empresas deban tener el visto bueno previo de Hacienda parece bien orientada. Y, de paso, reduce el riesgo de que los nuevos gobiernos regionales disparen el gasto público por esta vía.

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