IGNACIO CAMACHO

A las nueve de la mañana de ayer –aunque fuese festivo en Madrid no lo era en Barcelona y además en los juzgados hay turnos de guardia– la Fiscalía del Estado tenía que haber presentado una denuncia contra varios altos cargos y funcionarios de la Generalitat involucrados en la organización del simulacro de referéndum. Por desobediencia y prevaricación. Artur Mas, que se declara responsable en plan macho alfa, se ha cuidado de firmar cualquier cosa que pudiera comprometerle pero los consejeros de Educación e Interior dieron órdenes operativas en uso de sus competencias y la vicepresidenta Joana Ortega leyó los resultados asumiéndolos como cosa propia. Ha transcurrido la jornada del lunes y lo único que ha sucedido es un escueto y abstracto anuncio de querella. Cuando los presos de Lérida fabricaron urnas y papeletas, cuando se distribuyeron las mesas, cuando se diseñó el sistema electrónico de escrutinio, cuando se apañó un censo ficticio, cuando se entregaron las llaves de los colegios, cuando se ignoró la orden suspensoria del Tribunal Constitucional, no sucedió nada. O sí: que la justicia del Estado español se abstuvo de imponer que se cumplan sus propias disposiciones.

La consulta sucedánea requería un notable aparato logístico y de propaganda. Lo ha pagado el Gobierno catalán directamente o a través de subvenciones a organizaciones civiles y voluntarios, en un supuesto investigable de malversación de fondos públicos. Incluso los complacientes jueces que se abstuvieron de ordenar el cese de la comedia por considerar la medida «desproporcionada» –teoría del mal menor– han sugerido la existencia de posibles delitos, en especial el de desobediencia. Cualquier estudiante de derecho sabe además que la prevaricación consiste en tomar decisiones administrativas a conciencia de que son irregulares o ilegales.

Fue una mascarada estéril pero es el fuero lo que importa. El domingo se celebró con plena impunidad y a la luz del día un masivo acto prohibido por el que nadie ha exigido aún responsabilidades concretas. Algunos juristas sugieren que el auto de suspensión cautelar del TC dejaba, tal vez adrede, resquicios de incumplimiento en menoscabo de su propia soberanía. Es decir, que el sucedáneo estaba prohibido, pero solo un poquito. Era ilegal a medias, asombrosa e imaginativa figura jurídica. El Gobierno de la nación sabe que gran parte de la ciudadanía está entre perpleja e irritada por el espectáculo de desacato y flagrante dejación de autoridad. Y descarga la culpa del absentismo en la Fiscalía, un órgano independiente pero jerarquizado que ha tardado dos días en darse por enterado, buscando con tanta parsimonia como poca convicción a unos sujetos imprecisos de una indeterminada ilegalidad. En el Código Penal no hay, al parecer, ningún supuesto que contemple el ejercicio de chulear a un Estado. Sobre todo cuando este se deja.

IGNACIO CAMACHO
ABC