IGNACIO CAMACHO

El problema está en el participio. La condición de imputado estaba pensada como una garantía jurídica pero el contexto social la ha convertido en una condena moral anticipada. Para la calle, para la gente que se sienta en esa gran sala de audiencias que son ahora los telediarios, un imputado ya no es siquiera un sospechoso sino directamente un corrupto, un sinvergüenza. Un delincuente al que se le concede una vaga y nominal presunción de inocencia por mero formalismo leguleyo, y que además se ve obligado a arrastrar el estigma, aunque salga absuelto, durante los larguísimos tiempos del sumario. Quizá todo se deba a una pésima elección del término procesal, que Gallardón quería cambiar en uno de esos proyectos de reforma que se le eternizaron mientras se enredaba en el galimatías del aborto. Lo cierto es que de la imputación provisional, un sencillo trámite preventivo para la asistencia letrada en las diligencias de interrogatorios, se sale civilmente malherido y ahora políticamente muerto.

Porque en su histeria por adaptarse a la alarma ciudadana los partidos han dado en considerar ese estado vagoroso de implicación como la frontera de los ceses, las expulsiones y otros destierros del paraíso sectario. Han pasado de no darse por aludidos por torrentes de evidencias a una hipersusceptibilidad forzosa y literalmente sumarísima, arrastrada por la indignación popular ante el expolio. Como la cascada de escándalos no para de fluir con un caudal cada vez más poderoso, las listas electorales las van a acabar haciendo los jueces. Una denuncia mínimamente verosímil obliga al instructor a llamar como imputado a quien en puridad técnica tal vez no sea más que un aludido. Y una vez impreso en su frente el marchamo léxico de la sospecha ya queda para los leones de esta prejuiciosa justicia popular que evacua sentencias expeditivas en tribunales de tertulianos.

Ese era el riesgo que se temían Chaves y Griñán, más inquietos por su inmediato porvenir político que por el judicial. Los dos exmandatarios andaluces se sienten relativamente confiados en salir ilesos de la causa de los ERE toda vez que es difícil que el Supremo le compre a Alaya su tesis de la responsabilidad penal en la creación de la trama delictiva por falta de firmas y otros indicios fehacientes. Lo que les preocupa es la reacción de su propio partido, en el que militan desde la juventud con la fe de una iglesia. Si no esquivan la imputación pueden dar por perdidos sus escaños; la amenaza pasará a ser la de una ominosa expulsión de la propia organización en la que han sido presidentes. La condena semántica como puerta del ostracismo. Al fondo, el pulso entre Pedro Sánchez y Susana Díaz por ver quién es más duro con una corrupción que ya no admite paliativos de cautela. Una competición por parecerse a Don Limpio que va a acabar en disputa por volverse émulos de Robespierre.

IGNACIO CAMACHO
ABC