El Gobierno obligará a las empresas a adelantar pagos del Impuesto de Sociedades

Apenas unas semanas después de que Mariano Rajoy apuntara durante la campaña electoral a una bajada de impuestos, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, anunció ayer una reforma del tributo de Sociedades con la que, según prometió a sus socios de la UE, se recaudarán 6.000 millones adicionales para reducir el déficit.

La suma saldrá de un alza del tipo de pago a cuenta que hacen las grandes empresas, un atajo que no supone una subida como tal, sino un aumento de su aportación en los pagos fraccionados, de forma casi inmediata, proporcionando la liquidez necesaria con la que financiar al Estado. El nuevo tipo deberá ser aprobado por el próximo Gobierno y no por uno en funciones, pese a lo cual ha sido presentado ya como «carga de naturaleza y fortaleza de nuestro compromiso» con la próxima senda fiscal.

Al ser preguntado si una modificación del pago a cuenta no supone simplemente un adelanto de los ingresos, el ministro ha asegurado que sí supondría más recaudación «si se prolonga en el tiempo». Es decir, que en cierto modo las empresas financiarían al Estado y abanderarán con ese pago adelantado de hasta 6.000 millones de euros la lucha contra el déficit.

Tocar el pago a cuenta, el primer año, genera ingresos adicionales, pero en el resto tendría un efecto neutro. La forma de que ayude en la recaudación es mantenerlo permanentemente. La idea no es nueva. Elena Salgado la propuso en 2011 también para intentar alcanzar las metas pactadas con la UE, recibiendo entonces las duras críticas de Cristóbal Montoro. «El anticipo del Impuesto de Sociedades no es promover reformas tributarias, sino cambiar el calendario», reprochó el entonces responsable económico de la oposición, hablando de «falsear» la realidad.

El pasado mes de abril, en el Plan de Estabilidad para 2016-2019 remitido a la Comisión, ya se apuntaba la posibilidad de medidas en este sentido. «Si se observase una pérdida de recaudación superior a la estimada en este Programa de Estabilidad como consecuencia del fin de la vigencia en 2016 de determinadas medidas temporales en el Impuesto sobre Sociedades», explicaba entonces el Ejecutivo, «se podrían tomar medidas para limitar su impacto en 2016».

El propio Gobierno reconocía que al tener la reforma del pago fraccionado un efecto «puramente financiero», que se repartiría entre los pagos en 2016 y la liquidación del impuesto en julio de 2017, estaríamos «ante cambios normativos que, sin incrementar la fiscalidad de las personas jurídicas, garantizasen un impacto limitado en la recaudación de este impuesto».

La propuesta de De Guindos llegó en el momento perfecto para tapar la repercusión de la noticia más grave en mucho tiempo, pues ayer los ministros de Finanzas de la UE dieron luz verde al procedimiento de sanción a España por el incumplimiento de 2015. Un trámite que, por primera vez en la historia de la moneda única, podría saldarse hasta con 2.000 millones de euros de multa (un 0,2% del PIB) y la congelación de los fondos estructurales de 2017.

El problema de la propuesta estrella de Rajoy es que para modificar el pago a cuenta es necesario cambiar la ley. Y para ello, como reconoce el propio Guindos, no vale un Ejecutivo en funciones, pues «lógicamente se tiene que adoptar por ley» y por un «Gobierno en plenas funciones». Es decir, que habrá que esperar y, con suerte, el efecto si todo fuera rapidísimo se podría notar en el próximo pago a cuenta, que corresponde a octubre.

Los 6.000 millones que estima el Ejecutivo, en todo caso, serían sólo para un año completo, así que no se contabilizarían ni en el mejor de los casos para el déficit de 2016. España cerró el año pasado en el 5,08% del PIB y debe bajar hasta el 3% en 2017. Entre las alegaciones de Guindos a sus socios está también el hecho de que, según el Tesoro, España se ahorrará 1.500 millones de euros adicionales en pagos de intereses de la deuda. Y otros 1.000 que se ingresarían gracias a la lucha contra el fraude

Todos juntos supondrían unos 8.500 millones de euros, que es prácticamente la desviación del año pasado y que, espera la Moncloa, serán suficientes para convencer a los socios de que retiren la sanción a España. La estrategia es arriesgada. El ministro, consciente de que una medida como la de tocar el pago a cuenta podría ser interpretado como una subida de impuestos, no hizo nada para indicar que no lo era.

Los mensajes fueron poco claros desde Economía, con lo que el recado para ciudadanía e instituciones europeas, es que se hará lo contrario a los dos años anteriores. Está por ver si es suficiente, si es el compromiso que Berlín y Bruselas han exigido para ser flexibles con la sanción.

Una medida provisional

El Gobierno en funciones ha anunciado que va a reformar la reforma del Impuesto de Sociedades, que tiene vigencia plena desde enero, para recaudar 6.000 millones más.

¿Se trata de una subida de impuestos?

No. Lo que el Gobierno pretende es fijar un tipo mínimo para que las empresas adelanten pagos a cuenta de la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2016, que realizarán el año que viene. Es decir, ahora pagarán más las empresas, pero en julio de 2017 también se les devolverá más.

¿Por qué quiere adoptar el Gobierno en funciones esta medida?

Este cambio deberá tramitarse con rango de ley. Es decir, necesitará su tramitación parlamentaria y una mayoría política suficiente. El anuncio tiene que ver con la comprobación del Ejecutivo de que se le han caído los ingresos de este Impuesto en los primeros meses del año. La recaudación se ha reducido a casi la mitad, un 48,7% menos, por la rebaja de tipos al 25% y, sobre todo, por el descenso en un 54,5% de los ingresos del primer pago en abril por la desaparición de los pagos fraccionados que gravan el beneficio de las empresas y que fijó el Gobierno del PSOE en 2012 también para obtener más caja.

¿Tenía el Gobierno previsto el cambio que ahora anuncia?

Cuando se confirmó esta caída de la recaudación, el Gobierno incluyó en el Programa de Estabilidad 2016-2019 enviado a Bruselas un aviso para actuar si seguía el descenso de la recaudación que también se está produciendo en los demás impuestos salvo el IVA. En este documento se menciona que «si se observase una pérdida de recaudación superior a la estimada por el fin de la vigencia en 2016 de las medidas temporales en el Impuesto de Sociedades adoptadas en el pasado, se podrían tomar medidas para limitar su impacto en 2016». En concreto, se señala que «el Gobierno podría activar cambios normativos que, sin incrementar la fiscalidad de las personas jurídicas, garantizasen un impacto limitado en la recaudación de este Impuesto».

¿A quienés afectarán las medidas?

Sólo afectarán a las 27.000 medianas y grandes empresas que facturan más de seis millones al año. Con esta medida se intenta taponar la sangría en la recaudación que ha supuesto la supresión del pago fraccionado. Por ejemplo, en 2015, el 90% de la recaudación por este Impuesto se debió a este pago. En todo caso, en ese año Hacienda ingresó casi 3.000 millones menos de los previstos y, tal como iban las cosas en 2016, se iban a dejar de recaudar 9.000 millones de los casi 25.000 previstos. Siempre han estado sobreponderados estos ingresos.

¿Se aplicará sólo en 2016?

En principio, es lo que parece. El problema es que, si en 2017 se devuelven esos 6.000 millones adelantados, quedará tocada la recaudación en ese año, salvo que se avecine una subida impositiva generalizada.Partidos como Ciudadanos proponen acometer una reforma integral del Impuesto suprimiendo deducciones y créditos fiscales.

EL MUNDO